Cubaizquierda

A cinco años del golpe de estado que colocó por unas horas a Pedro Carmona como presidente de facto de Venezuela, los medios privados de ese país mantienen su protagonismo en el esquema desestabilizador de los sectores reaccionarios nacionales y sus aliados externos.
Cuando el 28 de diciembre pasado el presidente Hugo Chávez Frías, anunció que su gobierno no renovaría la concesión de utilización de varios canales a la empresa RCTV, la oposición interna y buena parte de la gran prensa internacional objetaron la medida con un discurso que puede resumirse en lo dicho por Marcel Granier , presidente de grupo 1BC[1], propietario de Radio Caracas Televisión: “Esta posición -dijo- es ilegal, viola los derechos y atenta contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos”
Superficialmente, al menos eso dicen la BBC, CNN y otros supuestos medios “imparciales”, parece como si fuera la primera vez que un Estado toma la soberana decisión de retirar la franquicia que posibilita a una determinada empresa emitir al aire una señal de radio o televisión.

Lo ocultado
Según nos recuerda J.David Carracedo, miembro del colectivo editorial del periódico de actualidad crítica Diagonal, “en los últimos años se han producido 236 clausuras, revocaciones y no renovaciones del permiso de transmisión de emisoras de radio y televisión en 21 países del mundo”, incluyendo, insiste, en los “democratísimos” Estados Unidos de América y la Unión Europea.
Las razones que justificaron las decisiones bien pudieran adjudicársele a RCTV. Veamos algunos ejemplos en EE.UU. uno de los más destacados críticos del gobierno venezolano:
Para la WLNS-TV fue: “violar las normas de equilibrio de la Federal Communications Comisión (FCC) y ser muy selectiva a la hora de asignar tiempo de televisión a figuras políticas”.
A Univision Communications Inc., cadena hispana de Estados Unidos se le impuso una multa de 24 millones de dólares por “incumplir las expectativas de los reguladores sobre programas educativos para niños”.
A otros afectados se le justificaron las medidas simplemente como “Indecencia”.[2]
Hubo quien ni siquiera esperó al vencimiento de la concesión. Así ocurrió en octubre de 2004 en Colombia. El presidente Álvaro Uribe decidió un lunes cerrar el estatal Instituto de Radio y Televisión (INRAVISIÓN), aduciendo ineficiencia. “El jueves siguiente entró la policía y desalojó a los trabajadores esa misma noche”, contó a la agencia IPS Milciades Vizcaíno, un sociólogo que trabajó allí casi 27 años.
Tampoco es nuevo que un Estado haga valer sus derechos sobre el espacio radioeléctrico. De hecho cuando los gobiernos pretenden hacerse de la vista gorda, otros poderes se han interpuesto a las intensiones de dejar sin control a quienes se les otorga el derecho a emitir señales de radio y televisión.
Tal fue el caso de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), la cual anuló el 30 de mayo de este año, varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Primero fue el apartado 20 que daba un trato prefencial a quienes aspiran a una concesión para fines comerciales, sobre aquellos que lo hacían para fines sociales.
Al día siguiente invalidaron las partes de la ley que estipulaban la renovación automática de los actuales permisos, al considerarlas inconstitucionales. El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, advirtió que el término "refrendar" en el diccionario se establece como "volver a ejecutar o repetir la acción que se había hecho", y tratándose de concesiones "debe entenderse como repetir, volver a dar el mismo beneficio al concesionario", razón suficiente para anular el articulo 16.
De haberse aprobado las reformas a la ley de medios en su versión original los mayores beneficiarios hubieran sido Televisa y TV Azteca, los principales emporios televisivos del país, que ahora buscaban consagrar su poder amparados en dicha legislación.

¿Quiénes tiene la mayoría?
Atenidos a la historia, son precisamente los hoy abanderados de la libertad de expresión quienes por primera vez y de la peor manera, clausuraron un canal de televisión en Venezuela. ¿O es que ya no recuerdan como cortaron la señal del Canal 8 Venezolana de Televisión durante el efímero gobierno de Pedro Carmona?
Obviamente tampoco mencionan que la televisora Catia TV no transmitió por varios días en el 2003, al ser arbitrariamente cerrada por el entonces alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, opositor de Chávez.
A pesar de que ya RCTV no integre el grupo de los depositarios de los permisos de transmisión al aire (puede continuar por cable), los medios privados conservan la mayoría en el espacio radioeléctrico venezolano.
Los datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) fechados en enero del 2007, indican que el 78 por ciento de las estaciones de televisión en VHF son utilizadas por el sector privado; mientras que sólo 22 por ciento está en manos del sector público. En la banda de UHF el panorama es similar: el 82 por ciento son operadas por privados; siete por ciento por el Estado y 11 por ciento pertenecen a servicios comunitarios.

Leña al fuego
Por supuesto que era de esperarse cierta objeción a la decisión del gobierno. Especialmente porque era la primera vez en la historia venezolana que un presidente tiene la valentía de, simplemente, aplicar la ley.
Pero evidentemente el eventual rechazo que pudo generar la medida entre algunos grupos sociales ha sido sobredimensionado y estimulado artificialmente, tanto por la cobertura para nada objetiva de las manifestaciones de protesta como al mismo sentido de estas.
El propio líder bolivariano denunció, con pruebas incluidas, las claras similitudes de la puesta en escena de las manifestaciones en Caracas con las llamadas “revoluciones naranjas” que tuvieron lugar en Europa entre el 2005 y 2006. Tras las cuales ya se sabe estuvo la mano de Agencia para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development, USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democraty, NED).
Como si se les hubieran acabado las ideas, acuden a la misma fórmula de lanzar a sus partidarios a las calles y forzar el enfrenamiento violento. Si les parece conocido les recuerdo otros hechos similares: la primavera de 1989 en la plaza de Tiananmen en Beijing (China); los episodios de Racak y de Timisoara en Rumania ese mismo año; los sucesos del 5 de agosto de 1994 en La Habana, Cuba; los choques en Andizan, Uzbekistán, de mayo de 2005 y desde luego, ¡No podía faltar! la marcha de la oposición antichavista el 11 de abril de 2002 en Caracas.
El inocultable sello extranjero cada vez sale más a la vista con la más reciente estrategia de colocar bocabajo la bandera venezolana. Un paso ciertamente desafortunado pues descalifica a los manifestantes ante sus compatriotas algo que ni siquiera hicieron cuando tuvieron la iniciativa en abril de 2002.
Si hasta el momento no ha ocurrido ningún hecho grave no es por falta de ganas de la oposición y sus aliados foráneos, sino porque en esta ocasión las fuerzas revolucionarias han enfrentado con astucia las provocaciones. Sin ceder un ápice y lo más importantes, contraponiendo una actitud realista y abierta al diálogo.
Desde luego habrán de esperarse nuevos embates de la contrarrevolución, a sabiendas de la correlación de fuerzas favorable que tienen en la esfera mediática. Pero como siempre seguirán huérfanos de argumentos ante el empuje de la Revolución Bolivariana.
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[1] Según el Libro Blanco del Ministerios de Información y Comunicación venezolano sobre RCTV, “1BC.RCTV que -señala el informe- se conoció como grupo Phelps en los años 20. En 1929 se constituía como holding empresarial Sindicato Phelps. En 1930 incursionó en comunicaciones, apoyado por RCA -productora de aparatos radiofónicos que Phelps distribuía en Venezuela- fundando la 1Broadcasting Caracas (1BC), la primera emisora comercial en el país. En 1936 asume la nominación de Radio Caracas Radio (RCR) y en 1953 aparece Radio Caracas Televisión (RCTV)”.
[2] Ernesto Carmona amplía al respecto que “la Administración Federal de Comunicaciones (FCC, según sus siglas en inglés), revocó en julio de 1969 la concesión a WLBT-TV; en 1981 revocó la concesión a WLNS-T, en abril de 1999, a FCC Yanks Trinity License; en abril de 1998, a Daily Digest (Radio). Entre 1934 y 1987 en EE.UU. 141 estaciones perdieron sus licencias, entre ellas 102 por no renovación. En 40 casos se revocó la licencia sin esperar a que esta expirara. Durante la década de los ochenta hubo 10 casos en que no se renovó”.