Cubaizquierda

Por Amy Goodman *

Al cumplirse el segundo aniversario del huracán Katrina, varias decenas de residentes de viviendas públicas y activistas marcharon hasta la sede de la Oficina de la Vivienda de Nueva Orleans. Los manifestantes ocuparon las oficinas durante horas. Mientras el ejército y la policía rodeaban el edificio, Sharon Sears Jasper, una residente desplazada del emprendimiento de viviendas públicas Saint Bernard, declaró: “No vamos a detenernos. Nos negamos a permitirles que tiren abajo nuestros hogares y destruyan nuestras vidas. El gobierno, el presidente de los Estados Unidos, todos nos han fallado. Nuestra gente ha estado desplazada por demasiado tiempo. Se están muriendo por el estrés, la depresión y por tener a sus familias desperdigadas. Exigimos que habiliten todas las viviendas públicas. Traigan a casa a nuestras familias ya”.

Por otro lado, el día anterior a esta manifestación le pregunté al alcalde Ray Nagin si le había planteado alguna exigencia al presidente Bush mientras cenaban juntos la noche anterior. Bush acababa de hablar en una escuela que lleva el nombre de Martin Luther King, cuyos planteamientos sobre la raza y la pobreza quedan crudamente expuestos en Nueva Orleans. A diferencia de aquellos que han perdido sus hogares, el alcalde respondió: “No era momento de exigencias”.

Tracie Washington es la presidenta del Instituto de Justicia de Louisiana (Louisiana Justice Institute) y ha residido toda su vida en Nueva Orleans. Ella afirma que sólo una cuarta parte de las más de 5.000 viviendas para personas de bajos ingresos de Nueva Orleáns está ocupada. “Nuestro gobierno piensa que hay que desmantelar el antiguo sistema de las viviendas subsidiadas por el estado, que hay que clausurar los edificios. Estamos en medio de un litigio para cambiar esta situación, pero es tremendamente lento, y la situación es trágica”.

Tracy Washington describe el plan mediante el cual el sistema de viviendas públicas subsidiadas será convertido en el sistema de emprendimientos inmobiliarios conocido como “mixed-income”, en el que una parte de los departamentos son reservados para inquilinos de ingresos medios o altos : “Algunas de estas edificaciones que están cerradas no se vieron afectadas en absoluto por el agua. Pero se tomó la decisión de aprovechar la oportunidad. El huracán Katrina llegó. ‘Mira lo que podemos hacer. Podemos mantener a estas personas lejos de aquí, traigan las excavadoras, tiren abajo esta edificación’”.

No se trata sólo de los inquilinos. También están demoliendo viviendas de particulares. Tracie explicó que la ciudad instituyó una asombrosa regulación para permitir la demolición legal de casas. Mientras que anteriormente los propietarios tenían al menos 120 días y varios niveles de apelación para evitar que sus viviendas fueran demolidas, Nagin instituyó una ordenanza de “demolición por amenaza sanitaria inminente”. Ahora concede a los residentes únicamente 30 días para detener la demolición.

Para las decenas de miles de habitantes de Nueva Orleáns que están repartidos por el país, el exiguo aviso que da la ciudad —una calcomanía pegada en la propiedad en cuestión más la mención en un sitio web de la ciudad y en el periódico The Times-Picayune— es claramente insuficiente. Según The Times-Picayune, además de destruir las viviendas, se embargan las propiedades para costear la demolición, preparando así el terreno para que los propietarios desplazados pierdan su propiedad y ésta pase a manos de la ciudad.

Es por esta razón que grupos como el Common Ground Collective, el Instituto de Justicia de Louisiana, el Fondo Popular de Ayuda a las Víctimas del Huracán (People´s Hurricane Relief Fund) y la Coalición de Supervisión (Oversight Coalition) están tomando medidas, en la calle y en los tribunales.

Según el fundador de Common Ground , Malik Rahim, de las más de 12.000 personas que antes vivían en el Distrito Noveno, ahora sólo viven allí alrededor de 400. Caminé con Rahim por donde una vez hubo un barrio afroestadounidense densamente poblado y vibrante, ahora lleno de terrenos baldíos, lotes vacíos y escuelas e iglesias destruidas. Quedan en pie unas pocas casas de ladrillo; aisladas, dañadas.

Curtis Muhammad, residente de Nueva Orleans de toda la vida y miembro del Comité de Organización Popular (People’s Organizing Committee), cree que los intereses económicos que están por detrás de la fallida reconstrucción deben ser investigados. “La gente ve a Donald Trump ahí intentando comprar terrenos, ve a los grandes magnates. Los barrios cerrados están creciendo cada vez más. Echa un vistazo a la vivienda pública. Podrían haberlo resuelto, podrían haber limpiado todo en una semana si hubieran querido. Y así podrían haber hecho regresar a muchas personas a sus hogares. No se puede explicar eso”.

Dos años después del Katrina, mientras Bush volaba de los pantanos a Bagdad, un tribunal popular sobre el huracán —que sometía a juicio al gobierno en todos sus niveles— terminaba sus sesiones en Nueva Orleáns. Un grupo vendía unas camisetas en las que se lee: “No creas lo que dicen. La reconstrucción de la Costa del Golfo no es ‘lenta’: es un plan de privatización que nos quita nuestros hogares, escuelas, hospitales y derechos humanos”. ¿Misión cumplida?