Posted by : Unknown jueves, 10 de julio de 2008

Dentro de poco estará listo un llamado “Acuerdo marco estratégico” que le permitirá a Estados Unidos perpetuar su presencia militar en la nación mesopotámica.

A comienzos del siglo XX los Estados Unidos le impusieron a la aún por constituir República de Cuba una ley que les concedía el perpetuo derecho de intervenir en el archipiélago cubano cuando lo estimasen conveniente y además, la prerrogativa de establecer bases militares dicho territorio insular.
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Un siglo después, con la misma prepotencia de entonces están decididos a reescribir una nueva versión de aquella Enmienda Platt, pero ahora a las orillas del Éufrates y el Tigris.
En abril se filtraron los detalles del acuerdo en “negociación” entre Washington y las autoridades iraquíes. Resulta difícil comprender como serán esas conversaciones pues las hoy autotituladas autoridades de Irak, pueden hacerlo gracias a los más de 151 mil efectivos militares regulares estadounidenses que realmente controlan el país.
La igualdad de condiciones es solo eso, una idea, que cayó por su propio peso cuando periódicos como The Guardian y The Independent informaron que funcionarios estadounidenses retenían miles de millones de dólares en fondos iraquíes para presionar la aceptación de sus términos.
No hablamos de unos cuantos billetes. Según los diarios londinenses aproximadamente 50 mil millones de dólares iraquíes están en manos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ese dinero fue congelado en tiempos de las sanciones contra el gobierno de Saddam Hussien y ahora son la mejor carta para forzar la aceptación del texto que, de hecho, prolongaría indefinidamente la ocupación.

Los términos del “acuerdo”
Quizás pensando en obtener mayores dividendos y de paso ganar prestigio como defensores de la soberanía, varios parlamentarios iraquíes revelaron a la prensa datos del borrador de este “acuerdo marco estratégico” que le permitirían a los Estados Unidos mantener su ocupación bajo una sombrilla legal cuando concluya el mandato de las Naciones Unidas a fines de este año.
Jalal Al Din Al Saghir, legislador por el Consejo Supremo Islámico de Irak declaró: “Ahora nos piden que aprobemos nuestra propia ocupación. Este es el motivo por el que rechazamos completamente todo lo que nos han propuesto hasta el momento”.
Al McClatchy Newspapers, le contaron que la Administración Bush estaría exigiendo el control de al menos 58 bases militares, lo cual incluiría no solo la zona terrestre sino también el espacio aéreo iraquí hasta nueve mil metros de altura.
Los requerimientos norteamericanos, según The Washington Post, se extienden a la libertad de abastecer de combustible a su fuerza aérea sobre el país del Cercano Oriente y, para ponerle la tapa al pomo, se abrogarían el derecho de determinar si otro país está agrediendo a Irak.
Las condiciones estadounidenses elevarían al estatus de intocables a sus soldados y contratistas. Tras mucho regateo, a principios de julio el Ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Hoshyar Zebari dijo que el gobierno de Bush aceptó, al menos en teoría, que los llamados contratistas militares privados, entiéndase mercenarios, puedan ser juzgados por sus atrocidades. Desde luego nada indica que vaya a ocurrir en realidad.
Al respecto varios medios de prensa advierten que Blackwater Worldwide¸ la más importante empresa de “seguridad” sigue operando en Irak, haciendo caso omiso a la prohibición iraquí impuesta a tras la masacre de diecisiete civiles en Bagdad en septiembre de 2007.
Desde luego el aspecto clave son las bases militares; verdaderas instalaciones dotadas de las más modernas tecnología y con total independencia logística que le permite a sus ocupantes permanecer ajenos a la carencia de los servicios básicos que sufre la inmensa mayoría de la población.
Para los investigadores es imposible determinar con exactitud la cuantía de los gastos del Pentágono las más de 100 edificaciones que ha levantado en Irak. Empezando por la “megaembajada” construida en la capital.
Otros analistas advierten sobre la prisa de la Casa Blanca en firmar el acuerdo, con vistas a presentarlo como un éxito y, de paso, obligar al próximo ocupante de la Oficina Oval a aceptar los hechos consumados y mantener a las tropas en el escenario iraquí. Tampoco es para obviar la permanente amenaza a Irán. Mucho más tras saberse del emplazamiento de cuatro bases militares en los últimos cuatro meses junto a la frontera irano-iraquí. Todas disponen de radares y plataformas para lanzar misiles por control remoto y una de las cuales dista sólo 30 kilómetros de la localidad iraní más cercana.
Pocos dudan que no vaya a aprobarse este “acuerdo estratégico”. El primero es el presidente Bush, al recordarle al primer ministro iraquí Nouri al-Maliki quien manda cuando aseguró: “Apostaría a que vamos a llegar a un acuerdo con los iraquíes”.
“La idea es llegar a un memorando de acuerdo sobre la retirada de las tropas [estadounidenses], o establecer un calendario para esa retirada", declaró el primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki.
Puede que en algún momento se declare “oficialmente” el fin de la ocupación, lo cual no quiere decir que vayan a marcharse por completo del país, solo cambiarían de estatus. Todo gracias a una nueva Enmienda Platt, traducida al árabe pero, como su antecesora, escrita originalmente en inglés.

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[1] La ley constaba de ocho artículos y los más tristemente célebres están el número III, el cual estableció: “El Gobierno de Cuba consciente que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de intervenir para la preservación de la independencia de Cuba y el sostenimiento de un gobierno adecuado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual”…
Así mismo el artículo VII estipuló que: “el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidentes de los Estados Unidos”.
El texto fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el 27 de febrero y el primero de marzo de 1901, respectivamente. Aunque se conoce por el nombre del senador que la presentó, Orville Platt, el verdadero autor fue el entonces Secretario de Estado Elius Root, quien días antes en una carta al gobernador militar de Cuba, Leonard Wood, había esbozado las condiciones que su gobierno le impondría a la naciente República.
Cuando la Carta Magna cubana estuvo redactada, los miembros de la Asamblea Constituyente tuvieron que incluirla como apéndice al texto constitucional, tras escuchar del gobernador Wood que de no hacerlo así, no terminaría la ocupación militar del país.
La Enmienda fue oficialmente abolida en 1934, aunque continuó viviendo en un Tratado Permanente, el cual, a su vez fue modificado ese mismo año para mantener el control de la base naval de Guantánamo, contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.

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