Cubaizquierda

Probablemente nunca antes nueve hombres han estado tan cerca de demostrar cuán justos pueden ser, como lo están ahora mismo John Roberts, John Paul Stevens, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, David Souter, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg ,Stephen Breyer y Samuel Alito. Ellos son los jueces que integran la Corte Suprema de los Estados Unidos y quizás no sepan que están ante la oportunidad de sus vidas para demostrar si funciona o no el sistema judicial que representan.

Podrían además darle la razón al Barón de Montesquieu y su teoría sobre la separación de poderes, si actúan de manera independiente y se sobreponen a la desinformación y los prejuicios contra Cuba.

Todos eso podrían lograr si empiezan por aceptar la solicitud de apelación presentada a través de sus abogados, por Ramón Labañino, René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González.

La petición de certiorari, como se le denomina al documento que redacta la parte solicitante a la máxima instancia judicial estadounidense, se basa en un aspecto claramente definitorio para la jurisprudencia en cualquier sociedad, y en particular la norteamericana: el derecho de todo acusado a tener un juicio justo.

No en balde el primer argumento del equipo que dirige el destacado jurista Thomas C. Goldstein, reconocido como uno de los cien abogados más influyentes en Estados Unidos, y donde figuran otros no menos renombrados como Leonard Weinglass, se dirige precisamente a destacar que el derecho de ser juzgado por un jurado imparcial se vulneró dos veces en el proceso judicial contra los cinco luchadores antiterroristas cubanos.
Primero en Miami al impedírsele trasladar el juicio fuera del condado Dade; y luego cuando el Pleno del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta revocó la decisión del panel de tres jueces de esa misma instancia, de revocar las sentencias y convocar un nuevo juicio por la hostilidad prevaleciente en Miami contra Cuba. Otro de los argumentos contundentes es el referido al conflicto creado por la decisión de la Corte de Atlanta con los precedentes legales establecidos por otras en cuanto a la conformación del jurado y su integridad.

También la falta de evidencia para probar el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Gerardo, es otra de las razones de peso que avalan la apelación. Al respecto en el certiorari subrayan “el hecho de que la generalizada hostilidad anticubana y la publicidad acerca del derribo de las avionetas (de Hermanos al Rescate) creó un riesgo sustancial para que el jurado decidiera de modo neutral sobre los cargos imputados, puede ilustrarse perfectamente en el veredicto de culpabilidad de Gerardo Hernández para cometer asesinato, a pesar de la ausencia de pruebas que respaldaran esta grave acusación, por la cual fue sentenciado a cadena perpetua».

Citan además textualmente la solicitud de emergencia al respecto hecha por la fiscalía el 25 de mayo del 2001: en la misma el propio gobierno reconoció que “a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo.” En otras palabras, Gerardo fue condenado por un cargo que el mismo acusador reconoció no haber probado.

Muchos analistas advierten que no hay garantías suficientes de que vaya a obrarse conforme a la razón y la ley por el evidente giro hacia la derecha de la Corte Suprema en los últimos 20 años, al ser nombrados magistrados muy vinculados a la ofensiva neoconservadora de los gobiernos de Reagan y Bush padre e hijo.

Tal vez para evitar en lo más posible que el ambiente de una administración a punto de concluir su mandato, podría explicar por qué la defensa esperó hasta el cambio de gobierno para presentar su apelación. Aunque desde el punto de vista legal no tiene implicación alguna, pues se supone que el presidente no puede modificar las decisiones de la Corte Suprema. Estamos en un caso que rebasa los límites estrictos de los asuntos legales. Es, no se olvide un caso político, porque fueron motivos de esa índole los que movieron al gobierno, en primer lugar a detener a Los Cinco, quienes cumplían una misión que también protegía la seguridad del pueblo norteamericano.

Sin demasiadas ilusiones, evidentemente el ambiente político en Estados Unidos ha sufrido ciertas modificaciones después del 20 de enero. Además en los últimos días se ha incrementado la presión sobre la nueva administración en la Casa Blanca para que tome cartas en el asunto. El ejemplo más reciente vino del Sindicato Internacional de Trabajadores Portuarios y Almacenistas (ILWU por sus siglas en ingles) el cual solicitó al presidente Barack Obama, la libertad de los cinco luchadores antiterroristas cubanos, encarcelados en ese país desde 1998. Son acciones de este tipo, las que pueden mover a balanza a favor de nuestros héroes, pues le indican claramente a los jueces que la opinión pública no permanece ajena al asunto.

La Corte Suprema no decidirá hasta junio o julio de este año si acepta revisar el caso, hasta entonces no estará de más recordarle a la novena de jueces de la Corte Suprema la posibilidad que tienen ante sí para ser justos.