Cubaizquierda

La reciente aprobación en Estados Unidos de una ley que, tácitamente, flexibiliza las restricciones para los viajes de los cubanos residentes en dicho país hacia Cuba, si bien son un respiro para las familias a ambos lados del estrecho de la Florida, apenas rozó el inmenso entramado legal del bloqueo económico contra la Mayor de Las Antillas.

A mediados de marzo, finalmente el Senado estadounidense dio el visto bueno a un megaproyecto de ley de financiación a prácticamente todo el aparato gubernamental. En total más de 410 mil millones de dólares, de los cuales se excluyó explícitamente los fondos para hacer cumplir las medidas establecidas por el ex presidente George W. Bush en 2004, dejándolas así sin efecto.
Las sumamente impopulares disposiciones de cinco años atrás, establecían que los residentes de origen cubano podían visitar solo a sus familiares directos en Cuba una vez cada tres años, limitaba su gastos diarios a 50 dólares y su permanencia a no más de 14 días. Además, el envío de remesas familiares no podía pasar de unos 100 dólares mensuales.

Camino tortuoso para cambios mínimos
Aunque los candidatos presidenciales prometan mucho durante sus campañas, desde hace mucho tiempo la más mínima decisión que no implique recrudecer el cerco económico contra La Habana, debe pasar irremisiblemente por el Congreso[1]. Ahora no fue la excepción, pues si resulta fácil darle otra vuelta de tuerca al bloqueo, hacer algo diferente es extremadamente difícil.
Esta vez bajo la autoría del representante José E. Serrano, demócrata por Nueva York, los congresistas partidarios de relaciones bilaterales normales, aplicaron la misma táctica que a principios de 2007, incluyeron su enmienda en la ley para las asignaciones presupuestarias del año fiscal 2008-2009.

Ciertamente bajo nuevas condiciones políticas, ahora el proyecto de ley pasó sin dificultades por la Cámara de Representantes, pero en el Senado encontró la fuerte oposición de las caras visibles de la industria de la contrarrevolución allí: los senadores demócratas Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Bill Nelson (Florida).

De hecho si hoy es posible hablar de una autorización de viajes familiares con frecuencia anual, una estancia ilimitada y un gasto máximo diario de 179 dólares, es porque el Secretario del Tesoro en persona, convenció a los referidos congresistas de que el texto en sus manos no tendría mayor repercusión en la práctica. Tal afirmación desmiente las artificiales expectativas que al respecto trató de crear la prensa sur-floridana.

En sendas misivas enviadas a Menéndez y Nelson, el titula de la Tesorería les aseguró que el “cash in advance” en vigor desde 2000, sigue en pie. En concreto se refería a que “los exportadores [norteamericanos] deberán seguir recibiendo el pago por adelantado de envíos y no se permitirá exportar a Cuba a crédito, a menos de que sea a través de un banco de un tercer país''. Por tanto recordó Geithner “lo más seguro es que no tendrá influencia en las reglas financieras vigentes”.

Asimismo, a pesar de que quedó eliminada el requerimiento a los empresarios estadounidenses de solicitar una licencia específica para cada caso, proceso que por su complejidad y duración desalentaba las ventas a Cuba. Todavía los granjeros y demás hombres de negocios interesados en el mercado cubano, solo podrán solicitar licencia para ir a Cuba con el propósito de vender productos agrícolas e insumos médicos; y siempre bajo la forma, muy poco habitual en las prácticas internacionales, de “cash in advance”.

Impacto moderado
Si bien los eventuales nuevos viajes podrían beneficiar directamente a un número determinado de familias en el Archipiélago, una acción que realmente impactaría a toda la población, como sería desbloquear las relaciones comerciales, no parecer estar en la agenda de la Casa Blanca.
Así lo indica la multa de 20 mil 950 dólares impuesta a la compañía Lactalis USA inmediatamente después de que el Congreso aprobara la Ley presupuestaria, donde, supuestamente se aflojaba el bloqueo.

Cuando apenas se estaban conociendo los detalles del nuevo texto sancionado la prensa informó que la filial estadounidense del gigante francés de productos lácteos Lactalis había sido multada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por “hacer transferencias financieras electrónicas en las que Cuba o un ciudadano cubano tenía interés” entre febrero del 2004 y marzo del 2007.

Semejante acción es inequívoca: no existe intención alguna por parte del ejecutivo de presionar para que sean levantadas las inhumanas medidas que tratan de rendir por hambre al pueblo cubano.

Por otra parte, incluso el eventual crecimiento en los viajes de los cubanoamericanos es puesto duda por varios expertos. Luis René Fernández, vicedirector del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, valoró de poco importantes el impacto de las medidas en términos económicos concretos.

En el 2004 los viajeros cubano-estadounidenses se estimaron en aproximadamente poco más de 100 mil. Un quinquenio después, no es descabellado dudar que se llegue a esa cifra, atenidos a la crisis económica actual que afecta directamente a las remesas y hace pensarlo dos veces antes de enfrentar los gastos de un viaje al exterior.

El retorno de los contactos binacionales al statu quo del 2004 no significa en términos concretos que el bloqueo este el camino de finalizar. A menos que dentro de los Estados Unidos ganen más terreno los sectores verdaderamente interesados en un cambio hacia relaciones de convivencia y respeto al derecho del pueblo cubano a decidir por si mismo su destino.

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[1] La existencia de las Leyes Helms-Burton y Torricelli, obligan a que cualquier intensión de poder ejecutivo, en el hipotético caso de que existiera, para eliminar realmente el bloqueo deber ser aprobada por el legislativo. Ambos textos legales establecen claramente, no solo disposiciones leoninas para asfixiar a la economía cubana, sino también, las “condiciones” que debe cumplir el gobierno del Archipiélago para que entonces las Casa Blanca “estudie” la posibilidad de levantar el bloqueo. Para esto sería necesario, como mínimo, que Cuba desmonte por completo todo su sistema político y económico constitucionalmente establecidos.