Posted by : István Ojeda Bello viernes, 3 de julio de 2009


• No solo los militares, son responsables de la alteración del orden constitucional en Honduras. Varios intereses, nacionales y foráneos confluyeron para consumar el asesinato de la democracia en la nación centroamericana.

El cuartelazo contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales no es fruto una acción desesperada ejecutada por un grupo de uniformados descontentos, es el resultado de una conspiración entre sectores del poder político, la clase empresarial, los medios de comunicación privados y algunos líderes de organizaciones “no gubernamentales amparados todos en la fuerza bruta de las instituciones armadas.

1. Los militares
El brazo ejecutor de la asonada golpista se concentra en el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez y el titular de la Fuerza Aérea, General Luis Javier Prince Suazo. Ambos se negaron la semana pasada a distribuir las urnas y boletas para el referendo no vinculante que debió celebrarse el domingo pasado.

En la consulta se les preguntaría a los hondureños sobre la posibilidad de votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, también, por la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

¿Quiénes son los generales Vásquez, Prince? Según recordó esta semana el periodista Kristin Bricker, ambos estudiaron en la tristemente célebre Escuela de Las Américas (SOA, por sus siglas en inglés). El actual jefe del Ejército hondureño estudió en allí por lo menos dos veces, en 1976 y 1984; mientras que al general Prince Suazo, se le conocen, por lo menos una estancia en la SOA en 1996.
De acuerdo con los informes recopilados por la organización no gubernamental School of the Americas Watch “durante sus 58 años, la SOA ha entrenado a más de 60 mil soldados latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, pericia como francotiradores, guerra de comandos y psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio”.

Los dos referidos oficiales no son los únicos hondureños, en cuyas hojas de servicio figura haber “haber aprendido” en la Escuela de las Américas. School of the Americas Watch alerta además que “en 1975, el graduado de la SOA, General Juan Melgar Castro se convirtió en dictador militar de Honduras. De 1980 a 1982 el régimen dictatorial hondureño fue encabezado por otro graduado de la SOA, Policarpo Paz García, quien intensificó la represión y los asesinatos por el batallón 3-16, uno de los escuadrones de la muerte más temidos en toda Latinoamérica, fundado por graduados de la SOA con la ayuda de graduados argentinos de la propia Escuela).”

Hoy, recuerda la ONG, el general Humberto Regalado Hernández tiene un lugar en la Galería de la Fama de la SOA; y como Jefe de las Fuerzas Armadas, se negó a actuar contra soldados involucrados en el tristemente célebre escuadrón de la muerte Batallón 3-16.

Los generales mencionados son la cabeza visibles de los más de 881 militares hondureños recibieron adiestramiento y capacitación en programas militares y de seguridad estadounidenses solo entre 2005 y 2006. En la actualizad los lazos Pentágono-Fuerzas Armadas del país centroamericano son bien estrechos.

Así lo corroboran los más de 43 millones 430 mil dólares que habrán fluido hacia Honduras en el 2010, cuando concluya un programa iniciado cinco años antes, el cual comprende asistencia técnica, asesoría a los diferentes cuerpos armados y financiamiento para compra de armas y equipo de seguridad.

La base aérea hondureña de Soto Cano en Palmerola a 97 kilómetros de la capital es sede de la Fuerza de Tarea Conjunta ''Bravo'' (JTF-B) de Estados Unidos compuesta por un total de 600 efectivos equipados con helicópteros y aviones de combate.

De acuerdo con un artículo de la destacada investigadora venezolana Eva Golinger las acciones del presidente Zelaya para construir, con los fondos del ALBA, una terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales allí, podrían ser una de las razones que movieron hacia el golpe a los militares.

Además Golinger señaló que el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces durante la semana previa a la asonada con los militares golpistas y los grupos cívicos, supuestamente para tratar de buscar otra salida.

Al parecer, a Washington le preocupaban no solo las intensiones de Zelaya de darle un uso civil a un enclave militar como la Base de Palmerola, otrora decisivo en la guerra sucia contra lo sandinistas nicaragüenses; sino que también le molestaban las críticas del mandatario centroamericano a su política migratoria. Como también sus declaraciones de que ''la lucha legítima contra el narcotráfico…no debe ser utilizada como una excusa para imponer a políticas intervencionistas en otros países'', en clara alusión al estilo norteamericano de consolidar su presencia militar en la región bajo el manto de la lucha contra el tráfico de drogas.

2. Los políticos
Roberto Micheletti, a quien el Congreso nombró “presidente”, es el rostro público de la clase política que instigó primero y participó después en la cobertura “legal” al cuartelazo.

Micheletti, de 69 años, lleva casi tres décadas como parlamentario y ya estuvo implicado en un Golpe de Estado cuando era miembro de la Guardia de Honor Presidencial en octubre de 1963, al momento que el ejército derrocó al ex presidente liberal Ramón Villeda Morales.

Tras de este individuo de apellido italiano está toda una serie de políticos a quienes ya se le había hecho insoportable la permanencia de “Mel” Zelaya en la presidencia del país.

Por un lado estarían los propios partidarios de Micheletti, cuyas aspiraciones a la candidatura a la presidencia se vieron frustradas en parte por falta de apoyo desde el Ejecutivo.

Esta enemistad se extiende a Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral. Todos, miembros y titulares han sido nombrados por el Congreso y en particular mantiene estrechos vínculos con Micheletti y por consiguiente veían con buenos ojos el derrocamiento de Zelaya.
De ahí la “ágil coordinación” de todas están instituciones, primero para entorpecer el referendo y luego para “legalizar” el golpe.

3. Los medios
Parecería inexplicable la actitud de los medios de comunicación hondureños, quienes han silenciado la resistencia popular al gobierno de facto y la represión que esté último ha desatado. Sin embargo un “quién es quién” de los mass media de ese país es suficiente para entender que la acción del sector castrense hubiera sido imposible sin la cooperación de la prensa.

Rafael Ferrari, miembro del Partido Liberal pero enemigo de Zelaya, es el dueño de los canales de televisión 3, 5 y 7, una cadena de radio y varias radios menores. Carlos Flores, ex presidente de Honduras, controla el diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país. Su hija llegó al puesto de vicepresidenta del Congreso Nacional, gracias a su amistad, con ¿adivinan quién?...Roberto Micheletti .

El diario el Heraldo, otro de los más grandes del país, justificó el golpe con la supuesta presencia de nicaragüenses y venezolanos en Honduras, su dueño, Jorge Cañahuatti, integra el Partido Nacional y tras el ascenso de Zelaya al poder vió como se le negaban tradicionales contratos del gobierno.

4. Los “hombres de negocios”.
Si en estos días se han visto manifestaciones de “partidarios” de los golpistas es por el apoyo que estos han tenido en varias organizaciones empresariales y gremiales, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), a quienes no les hizo mucha gracia, por ejemplo, la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre pasado.

Estas organizaciones estarían aportando los fondos que permitieron orquestar un llamado Frente en Defensa de la Democracia, bajo cuya bandera se efectuaron manifestaciones en la capital. Sin embargo varios de los participantes comentaron luego a sus familiares que habían sido amenazados con el despido si no asistían.

5. La “sociedad civil”
De igual manera varios medios de prensa alternativos han denunciado la complicidad con el golpe de algunos grupos aparentemente no ligados a los partidos políticos.

Tal es el caso del Movimiento Paz y Democracia (MPD), liderado por María Martha Díaz Velázquez, y la Unión Cívica Democrática, una agrupación de empresarios de corte neofascista, conectada a la extrema derecha boliviana, ambos reciben fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (United States, Agency for International Development, USAID) un pantalla de la CIA para financiar organizaciones o grupos afines con sus propósitos.

Baste recordar que en un informe de la propia USAID fechado en 2003 se dejó bien claro que: “es posible aportar una ayuda a los reformadores [entiéndase ONG y partidos afines] que permitirán identificar a los ganadores y perdedores más importantes, desarrollar la construcción de coaliciones y de estrategias de movilización y elaborar campañas de relaciones públicas (…) Ese tipo de ayuda –decía- puede representar una inversión para el futuro, cuando un cambio político otorgue el verdadero poder a los reformadores”.

Con toda esta “asociación” no es descabellado hablar de conspiración al referirnos al golpe de estado y la consiguiente dictadura que hoy se vive en Honduras, por más visos de legalidad que traten de imprimirle sus autores y cómplices.

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Periodista cubano, apasionado por su país y el béisbol. Analista de temas nacionales e internacionales en el periódico 26 de Las Tunas. Escribo mis opiniones en mi blog Cubaizquierda.

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