Cubaizquierda

Sigue muriendo el respeto al prójimo


“Protecting America” podía leerse en la mesa sobre la cual el presidente George W Bush firmó la ley que legitimó todo tipo de “técnicas de interrogatorio”, “técnicas de presión” o “abusos” como lo ha llamado la mayor parte de la prensa estadounidense.
El pequeño cartel no era fortuito, resumía en dos palabras toda la estrategia de la Casa Blanca para justificar la paulatina destrucción de cuanto signifique protección de los derechos de los prisioneros bajo la custodia de Estados Unidos. Todo en el marco de su autotitulada “guerra contra el terrorismo”.

Manos libres
Ahora la comunidad de inteligencia tiene las manos libres para continuar utilizando contra los detenidos, al menos siete de las actuales “técnicas de interrogatorio”. Entiéndase la hipotermia inducida, obligar a los reos a permanecer parados durante largos períodos de tiempo, la privación del sueño y las llamadas “palmadas de atención”.
El parecido de dichas “técnicas de presión” con las imágenes de Abu Graib, tampoco es obra de la casualidad. En el futuro, probablemente muchas de las escenas que provocaron el pavor y el rechazo de la comunidad internacional no pasarán de ser un recuerdo para los soldados de U.S. Army.
Tampoco podrá, por ejemplo, Nizar Sassi, un joven francés de origen tunecino, llevar ante un juez a quienes le provocaron 30 meses de sufrimiento como prisionero 325 en Campo Delta, ubicado en Guantánamo, un enclave ocupado ilegalmente por Estados Unidos en el Oriente de Cuba.
A partir de la rúbrica hecha por Bush este 17 de octubre, difícilmente algún oficial de cualquiera de la agencias de seguridad estadounidenses, sea llevado a juicio por sumergir en inodoros pestilentes a los presos, someterlos a temperaturas extremadamente bajas o no permitirles dormir.
El propio mandatario estadounidense fue el más ardiente defensor de vestir de legalidad a la tortura. "Esta ley que firmo hoy –dijo Bush- ayuda a proteger a este país y envía un claro mensaje: esta nación es paciente, decente y justa, y nunca retrocederá ante las amenazas a nuestra libertad".
La peligrosidad de la “libertad” de acción que tienen ahora los interrogadores fue señalada, entre otros, por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). El director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero alertó que: “El presidente ahora puede --con la aprobación del Congreso-- retener indefinidamente gente sin cargos, elimina protecciones contra abusos horribles, lleva a juicio a gente en base a evidencia de rumores, autoriza juicios que pueden llevar a gente sentenciada a la pena de muerte en base a testimonios de testigos literalmente extraídos por la fuerza”.
Hasta para la gran prensa norteamericana ya resulta reiterativa la apelación del presidente al miedo para justificar toda clase de violaciones de los más elementales derechos humanos.
“Hemos perdido la cuenta de cuantas veces él –Bush- le ha dicho a los estadounidenses que deben de elegir entre proteger a la nación del modo que él quiere, o de no protegerla en absoluto”, dijo el diario New York Times en un editorial. Destacó además que los republicanos están “aterrorizando a los estadounidenses" para que voten su favor en las elecciones parlamentarias del 7 de noviembre.
Los Angeles Times desde septiembre había alertado algo que para muchos hoy podría parecer obvio, pero no muy claro para la mayor parte de la opinión pública en EE.UU.: las intensiones de Bush de "legitimizar las tácticas de interrogación abusivas de la CIA con los sospechosos de terrorismo".

Adiós al habeas corpus
Desde alguna parte del stablisment quedaba un mínimo de apego al derecho internacional cuando facilitaron que The Washington Post informara por primera vez el 2 de noviembre de 2005 que la CIA había utilizado campos en Europa del Este; Guantánamo, Cuba; la Base de Bragram en Afganistán y por supuesto Abu Graib en Irak para detener e interrogar ilegalmente y por tiempo indefinido a sospechosos de terrorismo.
Se estima que desde 2002 hasta la fecha más de 14 mil personas han sido detenidas y la mayoría aún permanece en un limbo legal.
Por aquel entonces Stephen Hadley, asesor de seguridad nacional del presidente declaró a la cadena Fox News que: “Nosotros no trasladamos gente alrededor del mundo para que puedan ser torturados”.
El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan hacía otro tanto cuando afirmaba con la cara más seria del mundo: “Cuando se trata de derechos humanos, no hay mayor líder que Estados Unidos”.
Casi un año después las evidencias fueron tantas que el gobierno optó por imponer su propia visión de qué puede o no considerarse como tortura, un estilo muy habitual en los neoconservadores para hacer su voluntad. Sobre todo después que la Corte Suprema dictaminara que los detenidos por supuesta vinculación con la red terrorista Al Qaeda o en su carácter de "combatientes ilegales" están amparados por las Convenciones de Ginebra, que rigen el derecho internacional humanitario.
El fallo de la máxima instancia judicial norteamericana, solo elevó la determinación del presidente de pisotear la legalidad. “La reciente decisión de la Corte Suprema puso en duda el futuro (del programa de cárceles secretas) y necesitamos esta legislación para salvarlo”, opinó Bush durante los debates para sobre la polémica ley.
Para no dejar lugar a dudas señaló: “Tengo una condición para esta legislación: la comunidad de inteligencia debe poder decirme que el proyecto de ley que el Congreso envía a mi escritorio permitirá que este programa vital continúe”. En otras palabras: vetaría cualquier legislación que no significara legalizar las técnicas de tortura con los prisioneros acusados de terroristas.
Con la rúbrica de la Ley de Comisiones Militares, la Casa Blanca lanzó al cesto de la basura el derecho de los extranjeros detenidos como sospechosos de terrorismo a presentar un recurso de “habeas corpus”, una de las garantías procesales universalmente reconocidas.
Al respecto senador republicano y presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Alta, Arlen Specter, consideró que la anulación del derecho de habeas corpus –sancionado por primera vez en Inglaterra en 1215- implica un retroceso "de 900 años" para la jurisprudencia estadounidense.
Algunos críticos y expertos legales que les apoyan predicen que la ley acabará en el Tribunal Supremo, donde, vaticinan, sería derribada por violar los derechos y garantías que estipula la Constitución.
No obstante ya los republicanos se aseguraron el papel de “duros contra los terroristas” antes los comicios de término medio. En el camino, los más sagrados principios del derecho y la democracia acaban de recibir otra puñalada por la espalda a nombre de la “libertad” y la “protección de la seguridad nacional” del imperio.