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¿Recolección de cerezas o apartheid?

El estreno por el cineasta norteamericano Michael Moore de su documental sobre el sistema de salud de los Estados Unidos, así como las reflexiones de Fidel, han puesto sobre el tapete el tema de la calidad de los servicios de salud, así como han reactivado el debate de sobre su privatización.

¿Estados ineficientes?
Como ocurrió en el resto de los sectores de la economía y los servicios, el principal argumento para la privatización de la salud ha sido la pretendida ineficiencia estatal.
Al traspasarlos a manos privadas se suponía que todas las personas pudieran tener acceso expedito y confiable a la atención médica. Sin embargo las experiencias sobre el encarecimiento de los servicios médicos y su cualitativamente menor calidad, desmienten la idea de que se trata de algo anecdótico o algún caso particular. Es sin lugar a dudas una tendencia, los ejemplos son harto elocuentes.
En Chile de 1952 a 1981 el sistema nacional de salud tenía cobertura universal de acceso gratuito y estaba totalmente financiado por el Estado. En 1981, la dictadura fragmentó el sistema nacional de salud, redujo considerablemente el gasto público en salud. Creó los Institutos de Salud Previsional (ISAPRE), compuestos en su mayoría por compañías aseguradoras privadas (algunas son filiales de las Health Maintenance Organizations o HMO de los EE.UU.) el resto de los seguros médicos los sostiene el Fondo Nacional de Salud (FONASA) la agencia recaudadora única del Estado.
En la práctica ocurrió que las aseguradoras privadas fueron cubriendo a los sectores jóvenes, los cuales son precisamente los que menos se enferman, dejando para el fondo estatal de seguros a los jubilados y enfermos crónicos. Según un análisis del Departamento de Sociología de la Universidad de Texas-Austin: “No hay evidencia de que haya mayor eficiencia como resultado de la privatización, al contrario hay duplicidad en la prestación de servicios. Los municipios más pobres ofrecen servicios de menos calidad que los más ricos”. Y lo más preocupante: “hay cierta evidencia de que se han deteriorado algunos servicios públicos”.
De manera gradual los gobiernos socialdemócratas alemanes fueron desmontando el Estado de bienestar que tan rentable fue para desacreditar al socialismo esteuropeo. Desaparecida la amenaza, fueron cada vez más desentendiéndose del asunto. ¿Resultado?: Las aseguradoras privadas se concentraron en los clientes más económicos. En consecuencia, los fondos de seguro médico reglamentarios se quedan con una gran proporción de miembros con costos más elevados.
Algo más o menos similar aconteció en los Países Bajos, donde los recortes en el gasto de salud pública trajeron el crecimiento del seguro privado, cuya disponibilidad es de por sí excluyente, pues se basa en la capacidad de pago.
Para los colombianos el seguro médico sometido a las leyes del mercado se tradujo en una reducción significativa del porcentaje total de personas con cobertura, donde la peor parte la llevan las mujeres, quienes siendo la mayoría de la población, sólo representa el 39 por ciento de los asegurados.

La “vitrina” estadounidense
En el caso de los servicios de salud en Estados Unidos no puede hablarse de privatización el sentido estricto de la palabra. No porque el Estado mantenga el control sino porque nunca lo ha tenido.
En EE.UU. el protagonismo en el financiamiento de la asistencia sanitaria lo tienen las aseguradoras comerciales. La mayoría de la cobertura se obtiene por medio de una tercera entidad pagadora, como un empleador o el gobierno, que efectúa los pagos, directa o indirectamente, a los proveedores de servicios. Esto, se supone, debe incluir los costos de médicos, hospitales, laboratorios, farmacias, etc., según el tipo de seguro.
Digo se supone porque Michael Moore se encargó demostrar con casos concretos por qué en mayo de este año el Fondo Commonwealth había dicho que la asistencia sanitaria de Estados Unidos es la más cara y la más deficiente del mundo.
La Estrategia de Desarrollo, lanzada en 2002 el Banco Mundial y especialmente promovida por el gobierno de Bush, tiene como pilar fundamental lo llamado por los economistas como cherry picking o cream-skimming (“recolección de cerezas” o “separación de la crema”).
En la práctica es una versión moderna de apartheid que no segrega a las personas por el color de la piel, como hicieron los sudafricanos sino por el poder de la billetera.
La clave, según la Casa Blanca, es separar a los consumidores. Para las empresas privadas: los servicios rentables, o sea, aquellos que atienden a quienes poseen suficientes ingresos, sobre todo los consumidores urbanos y de clase media. El resto, entiéndase las minorías raciales y los pobres quedaría para el gobierno o a las ONG.
Esto sería medianamente acertado si tanto el gobierno federal como los estatales dispusieran fondos suficientes para hacer frente a la paulatina desaparición de la clase media estadounidense, lo cual ha incrementado la cantidad de personas que no pueden acogerse a las aseguradoras privadas.
Sin embargo la política de los gobiernos, primero los demócratas y más aún con los republicanos ha ido en el sentido inverso.
El ejemplo más reciente no tiene ni un mes. El presidente Bush acaba de reiterar que vetará un proyecto de ley que ampliaría el seguro médico para cubrir a más de tres millones de niños de familias de bajos ingresos. Incluso llegó a admitir que: “el gobierno no puede proporcionar asistencia médica asequible”.
A mediados de julio los congresistas de ambos partidos habían convenido destinar 35 mil millones de dólares adicionales al Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (SCHIP, por sus silgas en inglés) en los próximos cinco años. El incremento beneficiaría a ocho millones de niños sin seguro médico del país, así como también a los adultos cuyos ingresos son demasiado bajos para incluirlos en Medicaid.
Pero al Ejecutivo no le hacían ninguna gracia porque el dinero para elevar el presupuesto del SCHIP saldría de aumentar los impuestos federales a los cigarrillos. Esto traería las presiones de las transnacionales tabaqueras fuertemente ligadas a la Casa Blanca.
Los reiterados recortes a los fondos estatales para la salud provocarán, incluso una carencia de médicos en Estados Unidos en el futuro cercano, alertó el año pasado Elena Ríos, presidenta de la Asociación Nacional Médica Hispana (National Hispanic Medical Association o NHMA).
“La capacitación de un médico toma 10 años, y ya existe una escasez, particularmente de doctores que puedan prestar servicios en las comunidades rurales”, dijo Ríos quien advirtió que los estadounidenses enfrentarán una grave escasez de médicos para el año 2020.
La principal razón para la alarma son los recortes a los programas federales para estudiantes de medicina con bajos ingresos. Entre ellos están el Health Careers Opportunity Program (HCOP) y el Hispanic Centers of Excellence (HCE), los cuales sufrieron recortes drásticos del orden de aproximadamente 65 millones de dólares en el 2007.
Por otro lado también se vino abajo el mito de que Ejército estaba fuera de los problemas cuando 23 de febrero el Washington Post sacó a la luz el deplorable estado del hospital Walter Reed.
Paredes humedecidas, suciedad por doquier fue lo que describieron los reporteros Dana Priest y Anne Hull, tras cuatro meses de entrevistas a soldadosy visitas al Edifico 18 del Walter Reed. Fue como abrir la caja de Pandora, pues comenzaron a aparecer más y mas evidencias de cómo los veteranos de Irak y Afganistán tienen que esperar meses y hasta años para recibir tratamiento, el cual ni siquiera es de mediana calidad.
Quizás el consejo más sencillo, pero a la vez elocuente, lo dió Donna Smith. Una mujer de 52 años que tras años de luchar con las aseguradoras, a la pregunta de cual sería su mensaje para los países latinoamericanos que están constantemente debatiendo si deberían privatizar o no los servicios de salud, respondió: “No privaticen. En mi experiencia, si dejas que en una ecuación entre el factor ganancia, este se convierte en el factor dominante de esa ecuación.”