36 noviembres para 37
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Noviembre no siempre huele a lluvia, a hojas caídas, a viento que desordena
las ropas y las manda a volar muy lejos. Noviembre, mes de los rojos y
amarillo...
viernes, 1 de agosto de 2008
Tanto fue el escándalo que el Congreso de los Estados Unidos, retuvo, por poco tiempo, los fondos federales destinados a la subversión del gobierno legalmente constituido en Cuba.
Se trataba de 45 millones de dólares asignados por el órgano legislativo a la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) con el propósito de financiar a ciertas organizaciones del sur de la Florida, y sus sucursales en Cuba, las cuales conspiran abiertamente para subvertir el orden interno en nuestro país.
Con ese dinero debían sufragarse los gastos de las “sacrificadas” vidas que llevan los asalariados del Imperio, costearles sus teléfonos celulares, materiales de oficina, bibliografía… en fin, todo lo que piden para realizar su “austera” y “humanitaria” labor de esparcir rumores, divulgar mentiras, promover el desaliento, la desobediencia civil y, para no perder la costumbre, realizar actos terroristas.
Pero ocurrió que la Oficina Fiscalizadora del Gobierno (GAO) descubrió un desfalco de aproximadamente 500 mil dólares en el Centro para una Cuba Libre, dirigido por el agente de la CIA Frank Calzón; y se supo que un funcionario del llamado Grupo de Apoyo a la Democracia usó la tarjeta de crédito de la organización para comprar por lo menos 11 mil dólares en artículos personales.
Las estimaciones más conservadoras indican que un 17 por ciento de los 65 millones invertidos durante la última década en asistencia federal para los “altruistas” propósitos referidos anteriormente, jamás salieron del país, sino que costearon estudios académicos y gastos de dichas organizaciones, fundamentalmente en Miami y Washington. Pero a juzgar por la fuente, también vinculada al negocio de la contrarrevolución, la cuantía debe ser mayor.
Sin embargo no ocurrió nada. Tras el compromiso de la USAID de que “implementarán inmediatamente auditorías más estrictas para evitar despilfarros y vulnerabilidades financieras que pudieran desnaturalizar el objetivo del programa”, el Congreso volvió a descongelar los fondos y… paz en la tierra y en el cielo gloria.
Simplemente investigarán y a lo sumo regañarán a quienes se equivocaron y tomaron, para uso personal, el dinero que debía ser gastado en violar el orden y la paz de un país con el que no se está oficialmente en guerra.
Desde luego la Oficina Fiscalizadora del Gobierno, no está para cuestionar el uso del presupuesto, sino para velar que se cumpla lo establecido. Es precisamente en eso “establecido” donde radica la flagrante violación del derecho internacional y de los principios que rigen las relaciones entre los Estados.
¿Qué derecho tiene Estados Unidos de dedicar una parte de su presupuesto a acciones que evidentemente tienen un carácter ilegal y clandestino contra Cuba?. En reiteradas ocasiones los personeros de las organizaciones contrarrevolucionarias han reconocido el carácter secreto y clandestino de sus acciones contra Cuba. De esta manera es claro que conocen que están violando nuestras leyes.
Todo esto es pasado por alto, intencionadamente, por el Congreso y la mayor parte de la prensa que ha cubierto todos los escándalos relacionados con la corrupción imperante en el manejo que hace la USAID del dinero asignado a “promover la democracia en Cuba”.
Los damnificados del huracán Katrina o quienes están perdiendo sus casas por la crisis inmobiliaria, agradecerían mucho que ese dinero se dedicara a paliar su difícil situación, en vez de usarlo en una agencia gubernamental que trabaja descaradamente para desestabilizar gobiernos “incómodos” para Washington.
Este crucial detalle es obviado a propósito en el debate sobre el fraude y la corrupción en la USAID. Es legalizar la subversión y la guerra encubierta, ni más ni menos.
Lea Más sobre los antecedentes de la actividad desetabilizadora de la USADI:
USAID en Bolivia y Venezuela: la subversión silenciosa
Se trataba de 45 millones de dólares asignados por el órgano legislativo a la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) con el propósito de financiar a ciertas organizaciones del sur de la Florida, y sus sucursales en Cuba, las cuales conspiran abiertamente para subvertir el orden interno en nuestro país.
Con ese dinero debían sufragarse los gastos de las “sacrificadas” vidas que llevan los asalariados del Imperio, costearles sus teléfonos celulares, materiales de oficina, bibliografía… en fin, todo lo que piden para realizar su “austera” y “humanitaria” labor de esparcir rumores, divulgar mentiras, promover el desaliento, la desobediencia civil y, para no perder la costumbre, realizar actos terroristas.
Pero ocurrió que la Oficina Fiscalizadora del Gobierno (GAO) descubrió un desfalco de aproximadamente 500 mil dólares en el Centro para una Cuba Libre, dirigido por el agente de la CIA Frank Calzón; y se supo que un funcionario del llamado Grupo de Apoyo a la Democracia usó la tarjeta de crédito de la organización para comprar por lo menos 11 mil dólares en artículos personales.
Las estimaciones más conservadoras indican que un 17 por ciento de los 65 millones invertidos durante la última década en asistencia federal para los “altruistas” propósitos referidos anteriormente, jamás salieron del país, sino que costearon estudios académicos y gastos de dichas organizaciones, fundamentalmente en Miami y Washington. Pero a juzgar por la fuente, también vinculada al negocio de la contrarrevolución, la cuantía debe ser mayor.
Sin embargo no ocurrió nada. Tras el compromiso de la USAID de que “implementarán inmediatamente auditorías más estrictas para evitar despilfarros y vulnerabilidades financieras que pudieran desnaturalizar el objetivo del programa”, el Congreso volvió a descongelar los fondos y… paz en la tierra y en el cielo gloria.
Simplemente investigarán y a lo sumo regañarán a quienes se equivocaron y tomaron, para uso personal, el dinero que debía ser gastado en violar el orden y la paz de un país con el que no se está oficialmente en guerra.
Desde luego la Oficina Fiscalizadora del Gobierno, no está para cuestionar el uso del presupuesto, sino para velar que se cumpla lo establecido. Es precisamente en eso “establecido” donde radica la flagrante violación del derecho internacional y de los principios que rigen las relaciones entre los Estados.
¿Qué derecho tiene Estados Unidos de dedicar una parte de su presupuesto a acciones que evidentemente tienen un carácter ilegal y clandestino contra Cuba?. En reiteradas ocasiones los personeros de las organizaciones contrarrevolucionarias han reconocido el carácter secreto y clandestino de sus acciones contra Cuba. De esta manera es claro que conocen que están violando nuestras leyes.
Todo esto es pasado por alto, intencionadamente, por el Congreso y la mayor parte de la prensa que ha cubierto todos los escándalos relacionados con la corrupción imperante en el manejo que hace la USAID del dinero asignado a “promover la democracia en Cuba”.
Los damnificados del huracán Katrina o quienes están perdiendo sus casas por la crisis inmobiliaria, agradecerían mucho que ese dinero se dedicara a paliar su difícil situación, en vez de usarlo en una agencia gubernamental que trabaja descaradamente para desestabilizar gobiernos “incómodos” para Washington.
Este crucial detalle es obviado a propósito en el debate sobre el fraude y la corrupción en la USAID. Es legalizar la subversión y la guerra encubierta, ni más ni menos.
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