Museo
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Alza los ojos al mundo. Penetra en la mirada de una gitana,
coqueta,misteriosa,taciturna. El fondo de paísaje difuso,recuerda la
inconciencia de los niños ...
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Quiso caerse el mundo en el gremio periodístico floridano cuando el 8 de septiembre del 2006 se reveló que “al menos 10 influyentes periodistas del sur de la Florida, entre ellos tres de El Nuevo Herald, recibieron con regularidad pagos del gobierno federal por comparecer en programas de radio y televisión en Radio y TV Martí” (1).
El barullo no fue por saber que un gobierno tuviera a profesionales de la información en su nómina, fenómeno común en el mundo contemporáneo, sino porque los implicados se había empeñado, precisamente, en demostrar lo contrario.
Por ese entonces se supo que analistas “estrella” sobre Cuba en los más estridentes medios de comunicación miamenses como: Pablo Alfonso, Olga Connor, Wilfredo Cancio, Helen Aguirre Ferré, Ariel Remos, Miguel Cossío, Carlos Alberto Montaner y Ninoska Pérez-Castellón recibieron de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba sumas que oscilaron entre mil 550 y casi 15 mil dólares, durante cinco años.
Ahora el asunto vuelve a subir a titulares tras la demanda presentada por del Comité Nacional para la Libertad de los Cinco Cubanos para que la Junta de Gobernadores de las Trasmisiones (BBG, siglas en inglés) publique sus contratos específicos con periodistas que publicaron materiales contra Cuba y por ende perniciosos para Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González.
“Culpables” en los medios
Desde que los cinco cubanos fueron detenidos en septiembre de 1998 en Miami, los medios de comunicación de esa ciudad les acuñaron el término “espías” y destacaron los argumentos de la fiscalía sobre la supuesta amenaza que sus actividades constituían para la seguridad de los Estados Unidos.
La condena de la prensa influyó en el clima viciado que reinó durante los seis meses que duró el juicio y predispuso al jurado para que condenara a los luchadores antiterroristas. Por esa razón el Comité Free the Five trabaja intensamente para demostrar que Fernando, Gerardo, Ramón, Antonio y René no tuvieron un juicio justo en Miami.
Atenido al escándalo desatado hace tres años sobre los vínculos de Washington con la prensa miamense, el Comité le pidió por primera vez en enero de este año a la Junta que diera a conocer los datos sobre los contratos que varios reporteros surfloridanos firmaron con el gobierno para trabajar en Radio y TV Martí, dos de las tres estaciones bajo su jurisdicción (2).
En cinco ocasiones más (19 y 31 de marzo; 4 de mayo; 26 de junio y 15 de julio) el Comité reiteró su solicitud, sin embargo la BBG se negó bajo disímiles pretextos. Así las cosas mediante la Asociación para la Justicia Civil (Partnership for Civil Justice Fund) el Comité Free the Five la demandó ante la Corte del distrito de Columbia para que sus requerimientos se hagan efectivos, amparados en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) .
Según explicaron durante la conferencia de prensa en la cual lo anunciaron, el pleito “procura continuar ampliando la información que tenemos y exponiendo el papel del gobierno, en qué medida el jurado fue manipulado, plegado, no solo a la reserva del jurado, sino también al jurado sentado actual, en un juicio en el cual el jurado no fue aislado, y fue sometido diariamente a un aluvión de información negativa sobre los Cinco por parte de los medios”.
"El público –subrayan en la demanda- tiene derecho a saber, hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos pagó secretamente a periodistas quienes escribieron historias relacionadas al caso [de los Cinco Cubanos] ... que pudo haber alcanzado e influenciado tanto a la reserva del jurado como al jurado sentado, mientras que los EEUU simultáneamente llevaba a cabo aquellas actuaciones judiciales". (3)
Más adelante advierten que la Ley Smith-Mundt (4) que data de 1948, le prohíbe a la Junta hacer uso de los fondos que le aprueba el Congreso para influir sobre la opinión pública estadounidense.
Hasta el momento el Comité Free the Five ha podido conocer que por lo menos 16 periodistas de los medios más importantes de Miami suscribieron contratos de trabajo para alguna de las emisoras radiales o televisivas bajo jurisdicción de la BBG; con lo cual crecería considerablemente la lista revelada en 2006.
Washington paga… la prensa hace
El escándalo de Miami solo viene a agregarse a una creciente lista de negocios conjuntos gobierno-gran prensa. Entre los más recientes se recuerda como a finales de 2005 se supo que el columnista Armstrong Williams cobró decenas de miles de dólares por escribir a favor de un programa educativo para niños impulsado por la entonces administración Bush.
Luego, en 2008 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) inició una investigación ante las revelaciones de que a partir del 2002 el Pentágono comenzó a reclutar más de 75 oficiales militares retirados para que aparecieran en canales de televisión como analistas militares, supuestamente independientes, con el objetivo de que describieran a Irak como una amenaza para el país.
De vencer el Comité en esta batalla legal, continuaría destapándose el foso pestilente de los sucios manejos de la prensa de Miami y el gobierno de los Estados Unidos para condenar a Los Cinco
Notas
_____________________________
(1). Oscar Corral “10 Miami Journalists Take U.S. Pay,” Miami Herald, Sept. 8, 2006._página 1A
(2) Además de las referidas, la BBG supervisa todos los servicios de transmisión “no militares” del gobierno estadounidense a saber: La Voz de las Américas, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Asia Libre, así como Radio Sawa y la televisora Alhurra. Se trata, en total, de transmisiones en 60 idiomas diferentes a más de 175 millones de personas en por lo menos tres continentes.
(3). National Committee to free the Cuban Five plaintiff vs. Broadcasting Board of Governor. United States of America for the Distric of Columbia. Página 2
(4). Su nombre oficial es “U.S. Information and Educational Exchange Act”.
El barullo no fue por saber que un gobierno tuviera a profesionales de la información en su nómina, fenómeno común en el mundo contemporáneo, sino porque los implicados se había empeñado, precisamente, en demostrar lo contrario.
Por ese entonces se supo que analistas “estrella” sobre Cuba en los más estridentes medios de comunicación miamenses como: Pablo Alfonso, Olga Connor, Wilfredo Cancio, Helen Aguirre Ferré, Ariel Remos, Miguel Cossío, Carlos Alberto Montaner y Ninoska Pérez-Castellón recibieron de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba sumas que oscilaron entre mil 550 y casi 15 mil dólares, durante cinco años.
Ahora el asunto vuelve a subir a titulares tras la demanda presentada por del Comité Nacional para la Libertad de los Cinco Cubanos para que la Junta de Gobernadores de las Trasmisiones (BBG, siglas en inglés) publique sus contratos específicos con periodistas que publicaron materiales contra Cuba y por ende perniciosos para Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González.
“Culpables” en los medios
Desde que los cinco cubanos fueron detenidos en septiembre de 1998 en Miami, los medios de comunicación de esa ciudad les acuñaron el término “espías” y destacaron los argumentos de la fiscalía sobre la supuesta amenaza que sus actividades constituían para la seguridad de los Estados Unidos.
La condena de la prensa influyó en el clima viciado que reinó durante los seis meses que duró el juicio y predispuso al jurado para que condenara a los luchadores antiterroristas. Por esa razón el Comité Free the Five trabaja intensamente para demostrar que Fernando, Gerardo, Ramón, Antonio y René no tuvieron un juicio justo en Miami.
Atenido al escándalo desatado hace tres años sobre los vínculos de Washington con la prensa miamense, el Comité le pidió por primera vez en enero de este año a la Junta que diera a conocer los datos sobre los contratos que varios reporteros surfloridanos firmaron con el gobierno para trabajar en Radio y TV Martí, dos de las tres estaciones bajo su jurisdicción (2).
En cinco ocasiones más (19 y 31 de marzo; 4 de mayo; 26 de junio y 15 de julio) el Comité reiteró su solicitud, sin embargo la BBG se negó bajo disímiles pretextos. Así las cosas mediante la Asociación para la Justicia Civil (Partnership for Civil Justice Fund) el Comité Free the Five la demandó ante la Corte del distrito de Columbia para que sus requerimientos se hagan efectivos, amparados en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) .
Según explicaron durante la conferencia de prensa en la cual lo anunciaron, el pleito “procura continuar ampliando la información que tenemos y exponiendo el papel del gobierno, en qué medida el jurado fue manipulado, plegado, no solo a la reserva del jurado, sino también al jurado sentado actual, en un juicio en el cual el jurado no fue aislado, y fue sometido diariamente a un aluvión de información negativa sobre los Cinco por parte de los medios”.
"El público –subrayan en la demanda- tiene derecho a saber, hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos pagó secretamente a periodistas quienes escribieron historias relacionadas al caso [de los Cinco Cubanos] ... que pudo haber alcanzado e influenciado tanto a la reserva del jurado como al jurado sentado, mientras que los EEUU simultáneamente llevaba a cabo aquellas actuaciones judiciales". (3)
Más adelante advierten que la Ley Smith-Mundt (4) que data de 1948, le prohíbe a la Junta hacer uso de los fondos que le aprueba el Congreso para influir sobre la opinión pública estadounidense.
Hasta el momento el Comité Free the Five ha podido conocer que por lo menos 16 periodistas de los medios más importantes de Miami suscribieron contratos de trabajo para alguna de las emisoras radiales o televisivas bajo jurisdicción de la BBG; con lo cual crecería considerablemente la lista revelada en 2006.
Washington paga… la prensa hace
El escándalo de Miami solo viene a agregarse a una creciente lista de negocios conjuntos gobierno-gran prensa. Entre los más recientes se recuerda como a finales de 2005 se supo que el columnista Armstrong Williams cobró decenas de miles de dólares por escribir a favor de un programa educativo para niños impulsado por la entonces administración Bush.
Luego, en 2008 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) inició una investigación ante las revelaciones de que a partir del 2002 el Pentágono comenzó a reclutar más de 75 oficiales militares retirados para que aparecieran en canales de televisión como analistas militares, supuestamente independientes, con el objetivo de que describieran a Irak como una amenaza para el país.
De vencer el Comité en esta batalla legal, continuaría destapándose el foso pestilente de los sucios manejos de la prensa de Miami y el gobierno de los Estados Unidos para condenar a Los Cinco
Notas
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(1). Oscar Corral “10 Miami Journalists Take U.S. Pay,” Miami Herald, Sept. 8, 2006._página 1A
(2) Además de las referidas, la BBG supervisa todos los servicios de transmisión “no militares” del gobierno estadounidense a saber: La Voz de las Américas, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Asia Libre, así como Radio Sawa y la televisora Alhurra. Se trata, en total, de transmisiones en 60 idiomas diferentes a más de 175 millones de personas en por lo menos tres continentes.
(3). National Committee to free the Cuban Five plaintiff vs. Broadcasting Board of Governor. United States of America for the Distric of Columbia. Página 2
(4). Su nombre oficial es “U.S. Information and Educational Exchange Act”.
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