Cubaizquierda

Leer al profesor Julio García Luis (JGL) sigue siendo la oportunidad conocer análisis desde un sitio de privilegio al desempeño del periodismo cubano en las décadas recientes. Él continúa hablando desde sus libros publicados por la editorial Pablo de la Torriente Brau de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). El esfuerzo no parece casual, tal vez evidencie la intensión de que el pensamiento del periodista, editorialista, y mentor de varias generaciones de periodistas se escuche en un momento particularmente relevante para el futuro de la nación y especialmente de su prensa. 

Ahora llega en ¿Qué periodismo queremos? compilación de Rosa Miriam Elizalde quien nos revela mucho de la papelería que dejara JGL, alguna incluso inédita. Quiso la casualidad que disfrutara un 13 de agosto de su crónica sobre el viaje de Fidel Castro a Nueva York en 1979. Gracias a la genialidad de su pluma casi viví esos días hasta el más mínimo detalles, pero antes, en las páginas precedentes no pude sustraerme de pensar en…

Las analogías

Parte de lo dicho por el profe Julio en ¿Qué periodismo queremos? se nota  en la recién aprobada Política de Comunicación del Estado y el Gobierno. Mientras que  otras de sus propuestas, aunque hechas hace ya bastante tiempo ahora mismo están sobre la mesa.

A finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, nos cuenta, se discutía en términos de política informativa, categoría todavía válida pero a la luz de la contemporaneidad demasiado estrecha para comprender los procesos de comunicación pública y masiva. En sus Apuntes sugerencias de posibles pasos concretos en política informativa García Luis sugería que el periódico “Granma debe mantener su perfil como único órgano oficial de Partido”; mientras, acotaba, se trabajaría “con el resto de los diarios nacionales para desarrollar conscientemente las respectivas diferencias de perfil”.

Luego proponía que “los periódicos provinciales no deberían revestirse en ningún caso con el rótulo de órganos oficiales de Partido en sus respectivas territorios”. Estos, creía, debían tener “un mecanismo más democrático de dirección” el cual se concretaría “mediante la constitución de un Consejo Editorial en el que estén representadas todas las fuerzas organizadas de la sociedad en el territorio. Este Consejo mantendría el control y la orientación sobre la política editorial del diario. Supervisaría el trabajo del director y propondría su sustitución, si fuera necesario”.

¿Significaba desentender al Partido esos periódicos provinciales? “El Partido, explicaba JGL, por supuesto, estaría representado en este Consejo, pero no administraría de modo directo el periódico. Este sería un vocero de toda la comunidad”.

Más allá de la pertinencia o no de un paso de esa índole, sacarlo a colación hoy nos hace caer en cuenta que la opción hasta hace poco supuestamente novedosa en realidad estuvo en el candelero anteriormente.

El profesor Julio nunca negó el carácter clasista de la prensa cubana ni tampoco su fidelidad a los principios trazados por el Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente y superior de la sociedad cubana, aunque sí, y esto sería lo relevante, asumió una actitud crítica al respecto. No cesó en su reclamo por el establecimiento de un sistema regulatorio propio para la prensa y en general para la comunicación social cubana. Esto, decía, crearía las bases para una adecuada autorregulación dentro del escenario mediático doméstico.

A fuerza de repetirlo se tiene la percepción de que la necesidad de los cambios en los modelos de gestión del sistema de medios púbicos cubanos es únicamente la respuesta a la aparición de otros esquemas de organización del proceso productivo dentro y fuera del país o por la emergencia de espacios digitales de socialización de la opinión de los públicos.

Las afirmaciones del profe Julio colectadas en ¿Qué periodismo queremos? corroboran en que los reclamos de un giro en los modos de hacer en la prensa cubana han estado, en primera instancia, determinados por los requerimientos y preocupaciones de la masa de periodistas.

                                                          ¿Ley de prensa?

Examinando las respuestas de JGL a las preguntas de oponencia durante la defensa de su tesis doctoral nos enteramos que “en Cuba [a finales de los años 80] se intentó un proyecto de Ley de Prensa, que llegó a estar redactado incluso, pero luego fue archivado y no llegó a ser presentado y discutido en la Asamblea Nacional”. Salvo esa escueta referencia no sabemos más sobre el contenido del  proyecto de ley y mucho menos de las razones que motivaron la postergación del intento legislativo. ¿El grupo de expertos que trabajó en la formulación de la Política de Comunicación aprobada este año lo tomó de referencia en algún sentido, ora para actualizar sus postulados o para negarlos completamente?  

La no puesta en vigor de esa ley a finales de los 80, dijo profe Julio, puede que “haya sido mejor, pues muchos periodistas pensábamos entonces que el problema no era la  promulgación de esa ley, sino cuál  iba a ser su contenido, su enfoque. Nos parecía mucho más fácil discutir y tratar de resolver los problemas en el terreno político y moral, y sentíamos ciertamente temor de los que resultaría una vez que fuera aprobada una ley y se tratara de un estatuto jurídico”.

¿Significa que el proyecto de ley de tres décadas atrás no tuvo la participación del gremio periodístico o se alejaba completamente del criterio mayoritario de este? ¿Por qué ese temor a su contenido?

Con relación a sí Cuba necesitaba a la altura de septiembre de 2004 una ley de prensa expresó: “Mi punto de vista, hoy, es que una ley pudiera ayudar al funcionamiento de la prensa, a su regulación y autorregulación, a balancear todo el sistema de relaciones en la que ella actúa, pero solo si esa ley estuviera acompañada y respaldada por las definiciones en cuanto al papel de la prensa, sobre la base de un cambio sustancial en el conflicto que hoy limita las condiciones para la seguridad y el  funcionamiento del país y de la propia prensa”.

“Un instrumento jurídico, agregó, tendría sentido y surtiría efecto, cuando se corresponda con la voluntad del poder político, ideológico, estatal y administrativo del  país. (...) No creo que este sea en modo alguno  el momento favorable para avanzar hacia ese tipo de legislación”. ¿Sería ahora el momento adecuado, casi 15 años después, cuando la nación ha emprendido cambios legales probablemente solo equiparables a los ocurridos a inicios de los 60 o en los 90?

El no considerar oportuna una ley de prensa en Cuba no le impidió a Julio García Luis formarse un criterio sobre cuáles deberían ser los propósitos de cuerpo legislativo llegado el instante correcto. Debería explicó: “asignar la cuota de poder necesaria, en términos de funciones, atribuciones y derechos a: 1) los organismos que auspician medios de prensa; 2) a los directores y demás ejecutivos de estos y 3) a los periodistas que trabajan en los medios, a fin de lograr un balance de autoridad más adecuado con las demás fuerzas de la sociedad para el mejor cumplimiento de la misión social de las prensa”. Y concluyó: “Otro aspecto fundamental de esa legislación sería delimitar las responsabilidades recíprocas  de todos los factores que concurren  en la comunicación pública de masas”.

Más tarde habrían sido planteados buena parte de los principios defendidos por el profe Julio enfáticamente en lo relacionado con la propiedad de los medios tanto en los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, en los objetivos de la Conferencia del PCC, luego en la Política de Comunicación y más recientemente en el Proyecto de Constitución.

¿Qué periodismo queremos? nos recuerda que el sentido crítico del gremio periodístico cubano no es hijo de las preocupaciones de las generaciones nativas digitales, es consustancial a este; nos deja, sí, con muchas preguntas sin respuestas y eso siento que es saludable en tanto nos saca del letargo y revive la aspiración de  desbrozar el enmarañado camino del periodismo cubano.