Cubaizquierda

Casi termina el 2007 pero en Bolivia las turbulencias están muy lejos de acabarse. Se habla de polarización total y de que las “extremas”, a la izquierda o a la derecha, se mantienen en sus trece, como presagio de enfrentamientos probablemente sangrientos.
En un parto difícil, casi por cesárea podríamos decir, vino al mundo una nueva Constitución para la nación andina. Fue un verdadero via crusis por más de un año el que se vivió alrededor de la Asamblea Constituyente y que costó al menos tres muertos. Como nunca antes las pasiones regionales parecen haber llegado niveles extremos y amenazan con vivir el país.
En Santa Cruz de la Sierra, rico departamento del oriente, el prefecto (gobernador) departamental, Rubén Costas, habló de la "muerte del centralismo y el nacimiento de la autonomía". Tal declaración la realizó tras presentar un autodenominado estatuto autonómico que crearía una Asamblea Legislativa, con potestad para nombrar un gobernador, quien a su vez tendría el control de la tierra, formaría una policía departamental. Instaura, además, la condición de "ciudadano cruceño" para las personas que habitan en esa jurisdicción: Todo al margen del Estado nacional. En esas condiciones solo faltaría un paso para la proclamación de la independencia.
Más al sur, concretamente en la ciudad de Tarija, las autoridades subieron la parada del secesionismo cuando el “comité cívico” instalado por el prefecto, se mantuvo impávido mientras la concentración de ciudadanos se negaba a cantar el himno nacional y sólo entonaba el de la región.
Con similares términos se han pronunciado los gobernantes de los departamentos de Pando, Benin, Cochabamba y Chuquisaca. Ya en la prensa se les conoce como la Media Luna. Pero tras los carteles reclamando más autonomía subyacen otros intereses que en nada tiene que ver con la actual correlación territorial y de poderes.

Los excluidos también pueden
Bolivia nació como república el 6 de agosto de 1825, solo para la décima parte de su población, pues de la primera Asamblea Constituyente fueron excluidos los representantes de los quechuas y aymaras, quienes eran el 90 por ciento de la población.
Dos siglos después las etnias originarias continúan superando el 50 por ciento del total de habitantes del país, sin embargo, su participación en el gobierno era hasta hace poco casi nula.
"Quisiera que, por primera vez en nuestra historia, el pueblo boliviano nos dé la oportunidad a los vilipendiados de toda la vida; queremos demostrar cómo se gobierna, sobre la base del ama asua (no ser ladrón), ama llulla(no ser mentiroso), ama quella(no ser ocioso), a gobernar el pais": así se expresó cuando era candidato presidencial, Evo Morales, un aymara, nacido en el departamento de Oruro y que le apasiona el fútbol.
Fiel a sus ideas llegó a la presidencia, dispuesto a cumplir con su promesa de refundar el país sobre la base del respeto a la diversidad étnica y a la autodeterminación nacional sobre los recursos naturales. Principios refrendados en la Constitución que acaba de aprobar la Asamblea Constituyente.
Pero esas intensiones amenazan los intereses de una élite racista por naturaleza. Esa misma que hoy exacerba el regionalismo y que no oculta su desprecio cuando afirma que el gobierno está controlado por la “indiada”. Una oligarquía que ha echado mano del divisionismo para tratar de resquebrajar el amplio apoyo popular de que goza el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Así, tratan de vestirse como demócratas, mientras reclaman “más poder” para los departamentos. Supuestamente para que las ganancias de la explotación de los ricos yacimientos de gas natural se inviertan en sus lugares de origen.
Empero se han opuesto decididamente a la política gubernamental de nacionalizar los recursos naturales y de plantar pie firme frente a la voracidad de las transnacionales. De esta manera sus reclamos suenan al más puro populismo. Porque de nada valdría incrementar en el papel el protagonismo departamental, si son las empresas foráneas las que se llevan la mayor tajada. Solo aspiran, entonces, a continuar siendo sobornados por la migajas que dejan los poderosos del Norte.

Un punto de no retorno
Tantos han sido los obstáculos, que el presidente Morales anunció la convocatoria a un refrendo revocatorio que pondría en manos del pueblo, no solo su propio cargo, sino también el de los nueve prefectos.
Los analistas han evaluado esa decisión como una “movida política inteligente y a la vez peligrosa”. Lo primero, tal vez porque ya era hora de que el gobierno hiciera algo para sacar del juego a la oligarquía. Los riesgos igualmente se explican: En una situación sin salida, como sería la eventual derrota de los prefectos opositores en el revocatorio, los sectores reaccionarios apelarían al golpe de estado. Algo en lo que Bolivia tiene un nefasto récord.
Con sus pro y sus contra, la audacia del MAS se corresponde con su postura de respeto a la vía democrática para dirimir los conflictos mientras gana tiempo. Especialmente porque antes del revocatorio, habría que culminar el proceso de puesta en vigor del nuevo texto constitucional. Para lo cual serán necesarias dos consultas populares: una, para decidir si el límite del latifundio son cinco mil o 10 mil hectáreas y otra, para darle el visto bueno final a la Carta Magna.
Si en definitiva la Constitución llega a aprobarse el gobierno tendría otro argumento a su favor. Pero solo hasta un punto, porque cuando peligran sus intereses, los ricos no se detienen ante textos legales o el descrédito que significaría derrocar a un gobierno elegido en las urnas. La historia es testigo de eso.
De esta manera el futuro depara muchas más interrogantes que respuestas. Sobre todo cuánto podrán los movimientos sociales y en general la izquierda boliviana, superar sus contradicciones internas y echar rodilla en tierra por la posibilidad cierta del cambio que significa el actual gobierno.