Heme aquí
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Una ventana, dos pájaros, el sol, la mariposa blanca del jardín mas
próximo, los árboles en fila deshojados, tu manía de cantar la misma
canción. Una mirad...
miércoles, 17 de junio de 2009
Sin el coraje suficiente para vencer los prejuicios relacionados con Cuba la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió lavarse las manos antes que intentar siquiera hacer justicia.
Más de una vez se ha dicho que en relación con Cuba, no hay mucha lógica en la actuación de las diferentes partes de sistema político-judicial de los Estados Unidos. Volvemos a comprobarlo de la peor manera, con la decisión de la Corte Suprema de dicho país de no considerar la apelación presentada por cinco luchadores antiterroristas cubanos.
Es sin lugar a dudas una decisión imposible de explicar por los caminos normales. Sobre todo porque desde el punto de vista legal, los argumentos que sustentaban la solicitud de un nuevo juicio para Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González, eran contundentes. Tratándose de ciudadanos de otro país, seguramente habría prosperado la apelación, aunque a decir verdad, si no hubieran sido cubanos, probablemente nunca habrían sido encarcelados.
¿Por qué la máxima instancia judicial de una nación, que supuestamente existe para velar el cumplimiento estricto de la ley y por el respeto a los derechos de sus ciudadanos, no quiere pronunciarse sobre un caso tan importante, cuando estaba en juego un principio cardinal de la jurisprudencia como es el derecho a un juicio justo? Por una razón evidente, en cuestiones vinculadas a Cuba las consideraciones políticas pesan más que cualquier análisis legal.
¿Darle la razón a Cuba?
Para considerar la apelación de Los Cinco, los diez magistrados habrían tenido que atravesar el enorme abismo divisorio entre los temas cubanos y la lógica más sencilla. Sería enfrentarse a la disyuntiva de reconocer o no, el derecho legítimo de la Revolución Cubana a defenderse; y al mismo tiempo, lidiar con la posibilidad de admitir la complicidad, tácita o explícita, de las diferentes administraciones estadounidenses con flagrantes acciones de terrorismo y guerra contra un Estado legalmente reconocido por la comunidad internacional y que goza del apoyo mayoritario de su pueblo.
Todo eso significaba para la Corte aceptar la apelación. No importa si luego hubiese emitido un fallo a favor o en contra de Los Cinco. El simple hecho de colocarse en una encrucijada que podría conducir a darle la razón a Cuba les pareció demasiado.
Cierto que en el caso del Elián González, la Corte falló de una forma que permitió su regreso a Cuba. Sin embargo allí la decisión estuvo, también, motivaba por razones políticas. Con la opinión pública interna abrumadoramente al lado de padre del niño, entonces fue “políticamente correcto” presentarse como protectores de los valores familiares.
En un análisis posterior el compañero Fidel señalaba que desde el comienzo, estaba convencido que por las vías judiciales nunca le darían la razón a Cuba. Solo mediante la presión internacional y particularmente poniendo el tema en la agenda del norteamericano medio fue posible inclinar la balanza a favor de la razón.
Lógica “particular” en los tribunales
Si la Corte aceptaba considerar la apelación de los Cinco, podría verse forzada a cuestionar decisiones tanto de tribunales federales de la Florida y otros estados, como, en este caso, del pleno de la Corte de Apelaciones de Atlanta, quienes, sobre todo en la primera instancia, dejaron bien claro que en asuntos donde esté involucrada Cuba, jamás harán nada que suponga la más mínima probabilidad de reconocerle nada a la Mayor de las Antillas.
Téngase en cuenta que los diferentes escalones del sistema judicial estadounidense, y en particular en el sur de la Florida, tiene un extenso récord haciendo trizas las leyes con tal de hacerle daño a la Revolución Cubana.
Si no, cómo entender que Bacardí venda en Estados Unidos un ron con una marca, Havana Club que no es suya, contradiciendo todos los principios del mercado; o que cuando allí las personas son detenidas con arsenales suficientes para armar a un pequeño ejército, salen a lo sumo con un año de reclusión domiciliaria o una multa, sencillamente con decir que esas armas son para invadir a Cuba.
Eso sin hablar de cómo le han aceptado la demanda de un terrorista (José Basulto) contra el Estado al que atacaba, por el “stress postraumático” que éste le causara tratando de defenderse.
¿Temieron los magistrados del Supremo al poder del lobby anticubano? Probablemente. Más les aterró ir en contra de la política tradicional de no hacer nada que pueda interpretarse como favorable a la Revolución Cubana, o por lo menos, que se tradujera en tratar a Cuba como un país independiente.
Nótese que en relación a Luis Posada Carriles tampoco la Corte Suprema aceptó pronunciarse. No importó siquiera que al Bin Laden del hemisferio occidental se le esté procesando por mentiroso y no por terrorista. Ni así quisieron meter sus manos en un territorio exclusivo de la mafia anticubana y sus protectores en Washington.
Por otra parte el gobierno fue bien explícito en su estrategia de presentar a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional. De lo contrario no hubieran detenido al ex funcionario del Departamento de Estado, Walter Kendall Myers y su esposa bajo la acusación de haber espiado para La Habana, justamente antes de que la Corte se pronunciara sobre un caso vinculado a este asunto.
La publicidad al respecto, independientemente de ser ciertos o no los cargos contra los Myers, fue suficiente para enrarecer el clima político bilateral y apuntalar de farsa de que la Mayor de las Antillas es un peligro para EE.UU.
En esa situación si la Corte Suprema entraba en el campo minado de evaluar los cargos de conspiración para cometer espionaje que pesan sobre Los Cinco y en particular el cargo de conspiración para cometer asesinato por el cual Gerardo fue condenado a cadena perpetua, estaría chocando con la tesis que trata de presentar al gobierno cubano como hostil hacia el pueblo de Estados Unidos.
Para eso se requería de una valentía y una vergüenza por encima de cualquier parecer político, que, como se ha visto, fue demasiado para John Roberts, John Paul Stevens, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, David Souter, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg ,Stephen Breyer y Samuel Alito. Pesaron más los prejuicios y perdieron la oportunidad de probar que en Estados Unidos se respeta a ley.
Dicen que la justicia lleva los ojos cubiertos para ser imparcial, ahora la dejaron ciega.
Más de una vez se ha dicho que en relación con Cuba, no hay mucha lógica en la actuación de las diferentes partes de sistema político-judicial de los Estados Unidos. Volvemos a comprobarlo de la peor manera, con la decisión de la Corte Suprema de dicho país de no considerar la apelación presentada por cinco luchadores antiterroristas cubanos.
Es sin lugar a dudas una decisión imposible de explicar por los caminos normales. Sobre todo porque desde el punto de vista legal, los argumentos que sustentaban la solicitud de un nuevo juicio para Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González, eran contundentes. Tratándose de ciudadanos de otro país, seguramente habría prosperado la apelación, aunque a decir verdad, si no hubieran sido cubanos, probablemente nunca habrían sido encarcelados.
¿Por qué la máxima instancia judicial de una nación, que supuestamente existe para velar el cumplimiento estricto de la ley y por el respeto a los derechos de sus ciudadanos, no quiere pronunciarse sobre un caso tan importante, cuando estaba en juego un principio cardinal de la jurisprudencia como es el derecho a un juicio justo? Por una razón evidente, en cuestiones vinculadas a Cuba las consideraciones políticas pesan más que cualquier análisis legal.
¿Darle la razón a Cuba?
Para considerar la apelación de Los Cinco, los diez magistrados habrían tenido que atravesar el enorme abismo divisorio entre los temas cubanos y la lógica más sencilla. Sería enfrentarse a la disyuntiva de reconocer o no, el derecho legítimo de la Revolución Cubana a defenderse; y al mismo tiempo, lidiar con la posibilidad de admitir la complicidad, tácita o explícita, de las diferentes administraciones estadounidenses con flagrantes acciones de terrorismo y guerra contra un Estado legalmente reconocido por la comunidad internacional y que goza del apoyo mayoritario de su pueblo.
Todo eso significaba para la Corte aceptar la apelación. No importa si luego hubiese emitido un fallo a favor o en contra de Los Cinco. El simple hecho de colocarse en una encrucijada que podría conducir a darle la razón a Cuba les pareció demasiado.
Cierto que en el caso del Elián González, la Corte falló de una forma que permitió su regreso a Cuba. Sin embargo allí la decisión estuvo, también, motivaba por razones políticas. Con la opinión pública interna abrumadoramente al lado de padre del niño, entonces fue “políticamente correcto” presentarse como protectores de los valores familiares.
En un análisis posterior el compañero Fidel señalaba que desde el comienzo, estaba convencido que por las vías judiciales nunca le darían la razón a Cuba. Solo mediante la presión internacional y particularmente poniendo el tema en la agenda del norteamericano medio fue posible inclinar la balanza a favor de la razón.
Lógica “particular” en los tribunales
Si la Corte aceptaba considerar la apelación de los Cinco, podría verse forzada a cuestionar decisiones tanto de tribunales federales de la Florida y otros estados, como, en este caso, del pleno de la Corte de Apelaciones de Atlanta, quienes, sobre todo en la primera instancia, dejaron bien claro que en asuntos donde esté involucrada Cuba, jamás harán nada que suponga la más mínima probabilidad de reconocerle nada a la Mayor de las Antillas.
Téngase en cuenta que los diferentes escalones del sistema judicial estadounidense, y en particular en el sur de la Florida, tiene un extenso récord haciendo trizas las leyes con tal de hacerle daño a la Revolución Cubana.
Si no, cómo entender que Bacardí venda en Estados Unidos un ron con una marca, Havana Club que no es suya, contradiciendo todos los principios del mercado; o que cuando allí las personas son detenidas con arsenales suficientes para armar a un pequeño ejército, salen a lo sumo con un año de reclusión domiciliaria o una multa, sencillamente con decir que esas armas son para invadir a Cuba.
Eso sin hablar de cómo le han aceptado la demanda de un terrorista (José Basulto) contra el Estado al que atacaba, por el “stress postraumático” que éste le causara tratando de defenderse.
¿Temieron los magistrados del Supremo al poder del lobby anticubano? Probablemente. Más les aterró ir en contra de la política tradicional de no hacer nada que pueda interpretarse como favorable a la Revolución Cubana, o por lo menos, que se tradujera en tratar a Cuba como un país independiente.
Nótese que en relación a Luis Posada Carriles tampoco la Corte Suprema aceptó pronunciarse. No importó siquiera que al Bin Laden del hemisferio occidental se le esté procesando por mentiroso y no por terrorista. Ni así quisieron meter sus manos en un territorio exclusivo de la mafia anticubana y sus protectores en Washington.
Por otra parte el gobierno fue bien explícito en su estrategia de presentar a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional. De lo contrario no hubieran detenido al ex funcionario del Departamento de Estado, Walter Kendall Myers y su esposa bajo la acusación de haber espiado para La Habana, justamente antes de que la Corte se pronunciara sobre un caso vinculado a este asunto.
La publicidad al respecto, independientemente de ser ciertos o no los cargos contra los Myers, fue suficiente para enrarecer el clima político bilateral y apuntalar de farsa de que la Mayor de las Antillas es un peligro para EE.UU.
En esa situación si la Corte Suprema entraba en el campo minado de evaluar los cargos de conspiración para cometer espionaje que pesan sobre Los Cinco y en particular el cargo de conspiración para cometer asesinato por el cual Gerardo fue condenado a cadena perpetua, estaría chocando con la tesis que trata de presentar al gobierno cubano como hostil hacia el pueblo de Estados Unidos.
Para eso se requería de una valentía y una vergüenza por encima de cualquier parecer político, que, como se ha visto, fue demasiado para John Roberts, John Paul Stevens, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, David Souter, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg ,Stephen Breyer y Samuel Alito. Pesaron más los prejuicios y perdieron la oportunidad de probar que en Estados Unidos se respeta a ley.
Dicen que la justicia lleva los ojos cubiertos para ser imparcial, ahora la dejaron ciega.
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