Cubaizquierda

Cuando en abril fracasaron los intentos por aprobar en el Congreso de los Estados Unidos la Ley de Intercambio y Protección de Inteligencia Cibernética (CISPA por sus siglas en inglés) los activistas pro derechos civiles en Internet respiraron tranquilos creyendo que la privacidad de los ciudadanos estaba a salvo. Sin embargo la relativa tranquilidad de los últimos meses y los ruidos de la campaña electoral podrían ser una cortina de humo para lo peor.

Así lo reveló a inicios de este mes el blog The Hill al hacerse eco de los rumores que corren por la capital estadounidense de que Barack Obama podría poner en vigor a CISPA mediante un decreto presidencial.

Cuando la prensa inquirió al portavoz de la administración, Caitlin Hayden, este le admitió a The Washington Post que “el decreto ejecutivo figura entre los opciones que estamos considerando para hacer realidad las indicaciones del presidente de hacer todo lo posible para proteger mejor a la nación contra las actuales amenazas cibernéticas”; pero como hicieron notar otros medios de prensa no quedó claro a que “indicaciones” se refería Hayden.

Según Jason Miller, reportero de Federal News Radio, de emitirse, el Decreto echaría andar la maquinaria de CISPA mediante el establecimiento de un Consejo de Seguridad Cibernética en un plazo de 90 días, bajo la batuta del Departamento de Seguridad Nacional, pero en el cual también participarían representantes de los departamentos de Comercio, Energía y Justicia, además de un delegado de la Oficina Nacional de Inteligencia.

Nótese que los principales proveedores de los servicios de info-comunicaciones dentro de EEUU (por ejemplo AT&T, Facebook, IBM, Intel, Lockheed Martin, Microsoft National Cable & Telecommunications Association, Oracle, Symantec y Verizon) ya manifestaron su consentimiento para brindar toda la información que el Gobierno requeriría a instancia de esta Ley.

Durante los debates de abril el activista de Internet Aaron Swartz le dijo al canal Rusia Today que “[La CISPA] realmente no supone ninguna protección contra las amenazas cibernéticas, y todo lo que hace es obligar a la gente a compartir su información. Pero eso no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema son las medidas reales de seguridad, que protejan al servicio en primer lugar, y no que se espíe a la gente".

Por ese entonces las declaraciones de la Casa Blanca indicaban alguna concordancia con dichas preocupaciones pues llegaron a decir que “la administración se opone estrictamente a la ley en su forma actual”.

Desde mediados de año comenzó a cambiar la postura inicial del Ejecutivo frente a un proyecto legislativo que le permitiría tanto a compañías privadas como al gobierno federal acceder a conversaciones personales realizadas a través de Internet y escuchar de forma subrepticia a los estadounidenses aduciendo razones de seguridad cibernética.

En mayo dejó su cargo el coordinador de ciberseguridad de la administración de Obama, Howard A. Schmidt uno de los más fervientes críticos de CISPA. Más recientemente Debora Plunkett, cabeza de la rama de ciberdefensa en la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) dijo en una conferencia en el Instituto Politécnico de Nueva York que “estamos comenzando a notar el empleo de expertos y recursos nacionales del Estado en lo que caracterizaríamos como comportamientos descuidados, invasivos y destructivos”.

Si a lo anterior unimos que en julio The Wall Street Journal subrayó como el presidente era cada vez más partidario de proveer al país de la capacidad para defenderse de potenciales ciberataques, son inequívocas las señales de que la paranoia de los halcones de la guerra, también aquí, estaría ganando espacio dentro del gobierno.

Desde luego nadie hace notar que es justamente EE.UU quien va al frente entre los responsables de hacer de la red de redes un espacio de combate duro y directo. Ahí están para demostrarlo tanto los ataques informáticos a las instalaciones nucleares iraníes como las reiteradas restricciones a servicios gratuitos de que son víctimas los usuarios cubanos de Internet.

Todavía es un misterio si la Administración Obama esperará a los comicios de noviembre para emitir un eventual decreto que significaría, de facto, la aplicación de tan controversial proyecto de Ley; pero lo que sí parece inevitable es que, sin importar quien esté en la Oficina Oval a partir de enero de 2013, la Internet tendrá una nueva cerradura marca CISPA.