Cubaizquierda

El aspecto que más opiniones ha generado tras el anuncio de la entrada en vigor en enero próximo de importantes cambios a la Ley de Migración es el que Cuba haya mantenido sus regulaciones para los viajes al exterior y o la emigración de su fuerza laboral calificada.

A simple vista se interpreta como una limitación clara de los derechos de las personas a viajar libremente y establecerse donde lo estimen conveniente. Los desafíos de la nueva Ley son innegables; sin embargo, como en otros muchos aspectos de la vida, mientras a la Revolución Cubana se le condena por sus estrategias regulatorias de su flujo cuando se trata de las llamadas democracias occidentales (Estados Unidos y Europa) se les califica de políticas para hacer frente al “envejecimiento poblacional” o de “lucha contra la criminalidad”.

 Las reglas
En particular el Decreto-Ley número no. 306 del Consejo de Ministros especifica el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que continuarán requiriendo autorización para viajar o residir en el exterior. De esta manera los órganos, organismos, entidades nacionales, organizaciones superiores de dirección empresarial autorizadas y Consejos de la Administración, quedan facultados para controlar y evaluar anualmente el comportamiento del flujo migratorio y la fluctuación de sus cuadros y trabajadores que requieran autorización para viajar al exterior por asuntos particulares, así como su impacto en el desarrollo del sector, rama o actividad y en la estabilidad de los recursos humanos.

En el artículo 2 del propio Decreto se especifica que aquellos cuadros, profesionales, técnicos que “realizan actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país en los programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud”, así como los “atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano”, “pueden ser autorizados, previo análisis de cada caso, a viajar al exterior por asuntos particulares”, así como a residir en el exterior, solo que para esto último deberán esperar un plazo de entre tres y cinco años lapso durante el cual “se realiza el entrenamiento del relevo en la actividad vital de que se trate, en los casos que corresponda”[1].

¿Es legítima una política que en esencia busca preservar el recurso más importante de la nación que es su fuerza laboral más preparada y no para mantenerla indefinidamente “presa” dentro de este Archipiélago sino darle al país el tiempo suficiente para formar su relevo?. ¿Cuál es la situación del resto de las naciones del llamado Tercer Mundo?. ¿Qué acciones de acciones de EEUU y Europa las justifican?

 Trabas y “atractivos”
Opinando desde su blog sobre la reforma migratoria cubana el corresponsal en La Habana de la BBC, Fernando Rasvberg refería el comentario de un diplomático occidental quien le aseguró que ante la actualización de la Ley de Migración sus países endurecerían sus requerimientos para otorgarles visas a los cubanos.[2]

También un plenipotenciario latinoamericano le dijo a la Agencia IPS que la carta de invitación (una petición de los países de destino antepuesta para conceder sus visados) seguirá siendo necesaria para solicitar la visa. [3]

De manera que es una práctica corriente entre los Estados establecer sus propias reglas para definir sus respectivos flujos migratorios, más tratándose del personal de más alta calificación. Con regularidad aparecen noticias de las intensiones euro-norteamericanas de restringir la libre emigración de los oriundos del Asia, África y América Latina a quienes se les tilda de culpables del crecimiento de la criminalidad y el desempleo.

La Dra Ileana Sorolla Fernández, directora del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana subraya cómo varios gobiernos tratan de conservar sus recursos humanos más calificados. Esfuerzos que incluyen desde las limitaciones formales a la salida del país de la población o de un sector de ella, hasta barreras arancelarias y requisitos administrativos.

 “Siete países del mundo aplican restricciones formales a la salida (la República Popular Democrática de Corea, China, Eritrea, Irán, Myanmar, Cuba y Uzbekistán); veinte países restringen la salida de las mujeres, entre ellos Myanmar, Arabia Saudita y Swazilandia; mientras que ocho aplican restricciones específicas de edad, vinculadas fundamentalmente al cumplimiento del servicio militar”. [4]

En fecha no tan lejana como el 2009 la BBC reportaba desde Caracas un informe dado a conocer por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en el cual se afirma que entre 1990 y 2007, 4,1 millones de médicos, ingenieros, cibernéticos, matemáticos, arquitectos y otros profesionales latinoamericanos emigraron hacia Estados Unidos y un millón lo hicieron hacia la Unión Europea (UE).[5]

De hecho algunos países de América Central y el Caribe perdieron hasta el 80 por ciento de sus profesionales pues por muchos esfuerzos que hacen no puede competir con los estándares de vida ofrecidos por las naciones del Norte.

Irónicamente el propio texto admitía que más del 60 por ciento termina trabajando en empleos que no se corresponden con su formación. “Así, se convierten en protagonistas de una paradoja: sus habilidades y conocimientos se desperdician en el país de destino y se pierden -en muchos casos para siempre- para el país de origen, que en ocasiones se ve afectado por una escasez de técnicos y especialistas en áreas clave para su desarrollo”. [6]

 “Uno de los retos es encontrar el balance entre las necesidades nacionales, para retener a los especialistas de ciertas profesiones, mientras que se desarrolla la cooperación con los países de destino. Que esto deje de ser un esquema perder-perder”, le dijo a la BBC el secretario permanente del SELA, José Rivera Banuet.[7]

En 2010 los vocero oficiales del Foro Mundial de Migración de la ONU efectuado en Puerto Vallarta, México, le admitieron a la Agencia AFP que “Muchos países de origen sufren en distinto grado la fuga de cerebros. Durante años los israelíes altamente calificados, por ejemplo, han salido de su país, en particular hacia el sector de alta tecnología en Estados Unidos”.[8]

La partida de profesionales altamente preparados es “una preocupación seria en los países de América Latina. Las nuevas generaciones de médicos peruanos terminan trabajando en Estados Unidos”, dijo en esa misma reunión Max De la Puente, subsecretario de la cancillería de Perú. Mientras que Felipe Robertti, director de asuntos consulares de la cancillería paraguaya se quejó de que “tenemos una gran cantidad de enfermeras altamente especializadas que están emigrando a Italia. Se observan ya faltantes de trabajadoras de ese sector en nuestro país”. [9]

Durante el 2011 fueron notorios los intentos claramente xenófobos de estados norteamericanos como Arizona y California de aplicar leyes que criminalizaba a los inmigrantes, así como otros intentos por ejemplo de negarles el derecho a la educación y la salud a ciudadanos estadounidenses por nacimiento pero que son hijos de inmigrantes indocumentados.

Contradictoriamente al mismo tiempo avanzó dentro del Congreso de EEUU una iniciativa que suprimiría el límite al número de visados concedidos cada año a inmigrantes calificados de un mismo país. Esta Ley de Justicia para los Trabajadores Altamente Cualificados, le permitiría a la Administración Obama modificar el sistema de selección de candidatos, basándolo primero en las calificaciones de los trabajadores demandadas por los empresarios americanos y no tanto su país de origen.

Esta selectiva política de atracción a los mejores profesionales extranjeros está rindiendo jugosos dividendos pues según un estudio de la Universidad de Duke más de un cuarto de las empresas de tecnología de Estados Unidos nacidas entre 1995 y 2005 fueron creadas por trabajadores inmigrantes.

“Debemos reconocer que necesitamos un sistema que responda a las necesidades del mercado y que asegure que los trabajadores tienen suficiente movilidad y que los empresarios pueden encontrar y contratar a los más cualificados con rapidez”, comentó Mary Giovagnoli, experta del Instituto de Políticas de Inmigración en Washington. [10]

Otras investigaciones indican que “en 2006, el 36 por ciento de los doctorados en ciencias e ingenierías (en Estados Unidos) se concedieron a extranjeros, de los cuales el 86 por ciento poseía visas temporales y el 14 por ciento era residente (NSB, 2003). Entre los doctores africanos, la intención de mantenerse en Estados Unidos después de su graduación supera el 50 por ciento y en el caso de los profesionales con formación postgraduada el 60 por ciento. [11]

Igualmente durante el pasado año Alemania puso en vigor una nueva ley inmigratoria que introdujo un sistema similar al de la green card de EE.UU. para atraer trabajadores calificados en alta tecnología. En el Reino Unido dos tercios de los inmigrantes anuales son considerados altamente calificados. Incluso países como la República Checa han manifestado sus intensiones de otorgar visas de trabajo a especialistas en áreas específicas, como salud y tecnología.

 Legítima defensa

La propia agencia IPS citando a analistas del tema migratorio afirma que los profesionales cubanos representan 12 por ciento del total de emigrados en el último lustro, “lo cual ubica a Cuba dentro de las corrientes migratorias actuales de robo y pérdida de importante capital humano”. [12]

Sin embargo sobre la Mayor de las Antillas actúan fuerzas extractoras de sus recursos humanos que no sufren otras naciones del orbe. Dejando a un lado por un momento a la Ley de Ajuste Cubano que incita a la inmigración desordenada hacia EEUU, este país ha implementado por lo menos un quinteto de programas diferentes de inmigración regular de personal calificado cubano. Recordando de paso que se trata de los programas públicos o de los que, sin serlo han sido revelados como el implementado por el Departamento de Estado para “…utilizar la potestad de parole en favor de personal médico cubano que se encuentre en una misión gubernamental en un tercer país y tome la decisión de desertar. Esta política beneficiará también a la familia de estos profesionales”[13].

Entonces sería cuanto menos ingenuo pensar que el gobierno cubano no trate de establecer un equilibrio entre los intereses personales de sus potenciales emigrantes calificados y la necesidad de proteger un recurso que le ha costado formar millones de dólares.

La actualización de la Ley Migratoria en Cuba supone una importante simplificación de los trámites y requerimientos incluso para el sector de la población de más alta preparación técnica o profesional, sin negarles su derecho a emigrar o viajar al exterior si así lo desean.

Quizás su mayor reto sea vencer los mezquinos recelos vistos más de una vez dentro de un colectivo laboral cuando uno de sus integrantes solicita viajar o irse a vivir al extranjero. Justamente el propósito de estas medidas, creo, es responder a un requerimiento mayoritario de que los contactos de la población con el exterior se asuman, sin ingenuidad, pero como algo natural.

La Habana le ha pasado la pelota al terreno contrario poniendo en evidencia que cuando se habla de politización del tema migratorio no es solo Cuba quien lo hace. El paso dado ahora por el Gobierno Revolucionario está dejando en clara evidencia de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen el tejado de vidrio en este tema.